SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0875/2021-S4

Sucre, 25 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Acción de amparo constitucional                                                    

Expediente:                38959-2021-78-AAC

Departamento:            Santa Cruz

En revisión la Resolución de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 359 vta. a 363 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Pérez Muñoz, Marcelo Peredo Cáceres, Ángel Hurtado Valverde, Víctor Hugo Ayala Tatu, José Luís Pérez Justiniano, Mario Llanos Cervantes, Domingo Ipi Peña, Hebert Ceferino Siye Vaca, Carlos Evaldo Banegas Bailaba, Juan Luís Tatu, Miguel Supepi Taseo, José Aramayo Ortuño, Gumercindo Bailaba Supayabe, Víctor Alfonso Molina Molina, Rita Guzmán Rivero, Alex Vargas Cayuba y Joel David Bazán Gutiérrez, contra Luis Alberto Auzza Carrasco, representante legal de la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Limitada (Ltda.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2021, cursante de fs. 117 a 122, los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de trabajadores de planta y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa demandada, con personería reconocida mediante Resolución Administrativa 11/2019 de 14 de octubre y nómina de Directorio vigente para la gestión 2019-2021, legalmente reconocida por el Ministerio de Trabajo; señalan que, a raíz del incumplimiento del convenio de agosto y previo agotamiento de las instancias de conciliación, el Directorio del Sindicato ingresó en un paro indefinido, que fue declarado legal mediante Resolución Administrativa (RA) 001/2019 de 12 de agosto, misma que habiendo sido objeta por la empresa, fue ratificada por RA 014/2019 de 25 de septiembre; determinación en mérito a la cual, se mantuvieron en vigilia en inmediaciones de la empresa con el fin de hacer prevalecer sus derechos laborales y que la empresa cumpliera con el convenio colectivo, siendo que finalmente, el 7 de octubre del mencionado año, la medida de presión fue levantada, apersonándose posteriormente a la entidad a efectos de reasumir sus funciones, oportunidad en la que, se les impidió el ingreso alegando que ya no formaban parte de la empresa, motivando con ello que acudieran ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, a efectos de solicitar su reincorporación laboral, obteniendo como resultado una resolución administrativa por fuero laboral, como son la Resolución 045/2019 de 25 de octubre y Resolución 047/2019 de igual fecha; determinaciones que al haber sido incumplidas dieron origen a la interposición de varias acciones de amparo constitucional que derivaron en la emisión de las Resoluciones por estabilidad laboral de 14 de enero de 2020 y 5 de marzo del mismo año; última esta por inamovilidad de padre progenitor y fuero sindical.

Siendo que las acciones de defensa fueron emitidas en su favor, la empresa procedió a su reincorporación; sin embargo, no cumplió con el pago de sueldos devengados hasta que el Tribunal de garantías emitió el oficio de remisión de antecedentes ante el Ministerio Público; siendo que, como efecto de ello, la empresa procedió al pago de sueldos devengados de 2019, hasta febrero de 2020, adeudando todos los meses de cuarentena hasta la fecha del último despido injustificado; pretensión que se halla en reclamo ante la instancia correspondiente.

Añade que, desde la aplicación de la cuarentena rígida; es decir, desde marzo de 2020, la entidad procedió a la imposición de vacaciones colectivas, situación que persistió aun después de levantada dicha medida, otorgándoles ilegalmente vacaciones, hasta que el 3 de noviembre de 2020, los despidió arbitrariamente, argumentando la aplicación de la Resolución Ministerial (RM) 470/2020 de 6 de octubre que declaró ilegal el paro asumido por los accionantes; determinación que fue impugnada por escrito de 25 de noviembre del señalado año.

Dada su desvinculación, el 16 de noviembre de 2020, acudieron nuevamente ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, que previos los trámites de rigor, emitió la conminatoria de reincorporación por inamovilidad laboral por fuero sindical y estabilidad laboral, Resolución 168/2020 de 9 de diciembre, ordenando a la empresa demandada a proceder con su inmediata restitución a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados; determinación que habiendo sido notificada al empleador el 21 del señalado mes y año, fue incumplida, conforme verificó el Inspector del Trabajo y estableció en el Informe 006/2021 de 6 de enero.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por fuero sindical y a la estabilidad laboral, a la no discriminación, a la vida e integridad física, a la salud, a la organización sindical y al trabajo, citando al efecto los arts. 14.II, 15.I, 18.I, 46.I y II, 48I, II, III, IV y VI, 51.I, IV, y VI; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada disponiendo la restitución de los derechos lesionados, ordenándose a la empresa demandada, dar cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, restituyéndolos de forma inmediata a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaban en los puestos de operador de máquinas, cargador, operador de montacargas y quemador de horno túnel, con el mismo sueldo más el pago de salarios devengados, así como el goce de su seguro social; la reposición de aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), por los sueldos devengados y otros derechos sociales que el Estado les reconozca. Sea con imposición de costas y multas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En audiencia virtual de 2 de febrero de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 355 a 359 vta., presentes los impetrantes de tutela y el representante legal de la empresa demandada, ambos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado en audiencia, reiteraron los antecedentes fácticos suscitados con anterioridad a la interposición de la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe del demandado

La Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., presento a l Víctor Manuel Peñafiel Velasco como su representante legal, que mediante informe escrito de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 348 a 354, así como en audiencia a través de su abogado, manifestó lo siguiente: a) La presente demanda debe ser denegada ante la existencia de hechos controvertidos; debido a que, en impugnación de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, que motivó la presente demanda, la empresa demandada formuló recurso de revocatoria ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, el 7 de enero de 2021; mismo que, se encuentra pendiente de resolución y en el que se expresaron varios elementos que al ser de exclusiva atribución de dicha instancia, compele a la justicia constitucional a inhibirse de emitir pronunciamiento; b) Los solicitantes de tutela aspiran a tener el derecho a la reincorporación, el cual es rechazado por la empresa demandada, haciendo evidente la existencia de hechos controvertidos que suprimen la facultad de la justicia constitucional de emitir pronunciamiento de fondo; dado que, lo contrario conllevaría el prejuzgamiento de la posición de quien controvirtió los hechos, además de implicar una intromisión en las competencias de la jurisdicción ordinaria –judicial y administrativa– que se constituye en el foro competente para pronunciarse respecto a los hechos en controversia, generándose además, el riesgo de promover la existencia de dos resoluciones contradictorias entre sí sobre un mismo hecho; entendimiento que se sustenta en la Resolución 56/2020 de 30 de octubre, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, que en un caso de similares características, determinó que la existencia de un recurso de revocatoria pendiente de resolución configuraba la existencia de hechos controvertidos; y que por ende, a objeto de evitar duplicidad de resoluciones, denegaba la tutela impetrada; c) La Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, resulta de imposible cumplimiento, debido a que la empresa demandada, se encuentra cerrada a raíz de una huelga ilegal, desde el 7 de agosto de 2019, siendo que sus propietarios en ejercicio de su derecho a la propiedad privada, en el marco de los previsto en los arts. 30 y 457 del Código de Comercio (CCom), cerraron sus actividades, dando curso a todos los trámites de ley que ello implica, tal como la declaración de dicha voluntad ante el registro de Comercio de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) y la liquidación de su personal que renunció voluntariamente, adjuntándose a dicho efecto y con el objeto de demostrar lo señalado; Acta de Declaración Voluntaria Notarial 167/2020 de 30 de septiembre, de paralización de actividades empresariales; Certificado de Registro ante FUNDEMPRESA, del acto de Declaración Voluntaria de 2 de octubre de 2020; Planilla de sueldos y salarios de julio de 2019 con un total de noventa y cuatro (94) trabajadores; Planilla de sueldos y salarios de septiembre de 2020 con un total de veintidós (22) trabajadores; Planilla de sueldos y salarios de octubre de 2020, con un total de veintidós (22) trabajadores; Formularios de finiquitos de trabajadores desvinculados en un total de setenta y cuatro (74); y, Avisos de Bajas de asegurados en un total de setenta y cuatro (74), de la Caja nacional de Salud; d) A dichos elementos de prueba debe sumarse los elementos de convicción presentados por los impetrantes de tutela, consistentes en las notas de rescisión de contratos de trabajo, que demuestran la paralización de actividades de la empresa y RM 470/20 de 6 de octubre, de revocatoria total de la huelga legal; e) En mérito a lo antes anotado, queda demostrado que la empresa demandada, en tanto unidad económica, ya no se encuentra en funcionamiento, resultando imposible se reincorporación a un puesto de trabajo que ya no existe, operando la sustracción de materia, conforme a lo establecido en el Auto Supremo 392/2013, seguido por Autos Supremos (AASS) 574/2013 y 148/2015, así como en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SSCCPP) 1894/2012, 1621/2014, 61/2014-S1 y 106/2015-S1; f) Al margen de los argumentos expuestos previamente, corresponde denegar la tutela impetrada; toda vez que, la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, cuyo cumplimiento se pretende a través de esta acción de defensa, al tenor de lo establecido en la SC 0297/2020-S3 de 22 de julio, no resulta jurídicamente razonable al no contener los argumentos suficientes que la sustenten; siendo que, la decisión asumida por la instancia administrativa adolece de un fundamento indispensable que explique cómo es que se conmina a reincorporar un puesto de trabajo cuando la  empresa se encontraba, a la fecha de emisión de la conminatoria, más de un año y cuatro meses cerrada, sin funcionamiento ni producción; cierre que se halla inscrito en registros de FUNDEMPRESA, tres meses antes de asumida aquella decisión; siendo que tampoco resulta viable la reincorporación pretendida cuando todos los trabajadores renunciaron y no hay nadie en producción y, finalmente, la rescisión de contratos que da lugar a la emisión de la referida conminatoria, se produce precisamente por el cierre de la empresa y la paralización de sus actividades; g) La Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020, deviene en una grosera manifestación de arbitrariedad, acto de fuerza y abuso del derecho que no puede ser ejecutado por la justicia constitucional, precisamente por no estar acorde con el uso de la razón; por lo que, ordenar la reincorporación respecto a una unidad productiva resulta tan irrazonable como ordenar a un muerto que cumpla una obligación; extremo que no puede ser avalado por la jurisdicción constitucional; h) Si bien los accionantes aluden la aplicación del DS 495 de 1 de mayo de 2010, omiten considerar que de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Constitucional –Ley 254 de 5 de julio de 2012–, no se ha demostrado la existencia de daño irremediable o irreparable, siendo que, por jerarquía normativa, debe aplicarse lo previsto por la referida Ley 254 por encima de lo dispuesto por el señalado DS 495, no pudiendo en consecuencia lo solicitantes de tutela, eludir la existencia de un recurso de revocatoria en curso; y, i) Los elementos de prueba aportados por los impetrantes de tutela, carecen de relevancia, ya que al contrario de lo pretendido, operan en favor de la empresa al demostrar que la misma se encuentra cerrada y que no existen puestos de trabajo a los cuales sean reincorporados; aspectos que son de pleno conocimiento de los accionantes  y en mérito a los cuales, solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 359 vta. a 363 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) A modo de introducción, la Sala Constitucional de referencia, estableció que mediante Resoluciones de 9 de enero y 5 de marzo de 2020, evidentemente concedió la tutela impetrada por los ahora también solicitantes de tutela, disponiendo el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida con anterioridad a la que ahora se revisa, debido a que la misma se encontraba impugnada y pendiente de resolución ante la instancia administrativa que concluyó con la emisión de la Resolución Ministerial de 6 de octubre de 2020 que revocó totalmente la RA 14/2019 de 25 de septiembre; 2) Respecto a la legalidad o ilegalidad de la huelga que motivó la desvinculación en aquel momento, no se encontraba supeditada a duda alguna; por lo que, se dispuso el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; 3) Respecto a la Conminatoria de Reincorporación Laboral 168/2020 de 9 de diciembre, que motiva la presente acción tutelar, es preciso considerar que conforme manifestaron ambas partes procesales, la RM 470/2020 de 6 de octubre, revocó la RRAA 14/2019 de 25 de septiembre y 01/2019 de 12 de agosto, emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, declarando ilegal la huelga que ejecutaron los impetrantes de tutela, elemento que difiere de la primera acción de defensa en la que dicha medida se tuvo por legal; en el marco de dichos argumentos, la Sala Constitucional estableció que dicho análisis comparativo entre ambas acciones, no pretende trasladar lo resuelto con anterioridad al asunto por resolver en el presente caso, sino generar la mejor comprensión de la decisión a ser adoptada; 4) La existencia de la antedicha Resolución Ministerial, así como el cierre de la compañía fueron puestos en conocimiento de la autoridad administrativa antes de la emisión de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre; sin embargo, de su revisión se evidencia; que no obstante, que la autoridad administrativa en audiencia de 30 de noviembre del indicado año asumió conocimiento de dichos documentos, la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, no efectuó una valoración e interpretación de la documental presentada, incurriendo así en una incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre aspectos expresados por la entidad demandada que fueron reconocidos también por los hoy accionantes; omisión que restringe el derecho a la igualdad y vulnera el debido proceso en su vertiente de congruencia y que, conforme a lo establecido por la SCP 0322/2017-S3, deviene en causal de inejecutabilidad de la orden de reincorporación; y, 5) Los hechos que dieron origen a la interposición de las anteriores acciones de amparo constitucional, en las que se tuvo por legal la huelga protagonizada por los trabajadores –ahora solicitantes de tutela–, difieren de los hechos expuestos en la presente demanda tutelar, no pudiendo la Sala Constitucional no considerar la existencia de una Resolución Ministerial que revocó resoluciones administrativas que declararon la legalidad de la huelga; coyuntura valorativa que la instancia administrativa se encontraba obligada a considerar y que al no haberlo hecho, incurrió en vulneración al debido proceso en su vertiente de congruencia y del principio-derecho-garantía de igualdad, lo que torna en inejecutable la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Mediante nota CITE/FDTFSC 0111 de 15 de octubre de 2019, el Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, hizo conocer al Gerente Administrativo y Financiero de la empresa “Cerámica Santa Cruz”, la elección y posesión de la Directiva Sindical de los trabajadores de dicha empresa, adjuntando a dicho efecto la RA 11/19 de 14 de igual mes y año, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo del mismo departamento, mediante la cual se reconocía la conformación del indicado Sindicato, encontrándose este conformado por: Miguel Ángel Pérez Muñoz, Secretario General; Víctor Hugo Ayala Tatu, Secretario de Relaciones; Ángel Hurtado Valverde, Secretario de Hacienda; Félix Osvaldo Maldonado López, Secretario de Conflictos; Mario Llanos Cervantes, Secretario de Organización; Javier Montero Arias, Secretario de Acta y Archivo; Matías Gonzales Ipamo, Secretario de Deportes y Culturas; Miguel Velasco Padilla, Secretario de Oresna y Propaganda; Marcelo Masabi Vásquez, Secretario de Vivienda; José Luís Pérez Justiniano, Secretario de Seguridad Industrial; Jhonny Añez Cuellar, Vocal I y Marcelo Peredo Cáceres, Vocal II (fs. 68 a 69 vta.).

 

II.2.    Cursa Acta de Declaración Voluntaria Notarial 167/2020 de 30 de septiembre; a través de la cual, se observa que Ana María Auzza de Mohsein, en “representación legal de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda.” (sic), declara voluntariamente que la indicada empresa, desde diciembre de 2019, había paralizado sus actividades en mérito a diversas causas, entre ellas, una huelga instaurada por los trabajadores sindicalizados de la misma; resultados negativos arrastrados por la empresa desde hace cinco años atrás; el negativo contexto económico debido a las secuelas emergentes de las medidas gubernamentales asumidas en emergencia del COVID-19; argumentos en base a los cuales la entidad empresarial, informó al Registro de Comercio de Bolivia, la paralización de actividades empresariales; documento que fue inscrito en registros de FUNDEMPRESA el 2 de octubre de 2020 (fs. 196 a 197).

II.3.    A través de notas de 3 de noviembre de 2020, en las cuales no consta recepción de los destinatarios, el Gerente General de la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., comunicó a los trabajadores, en un total de diecisiete (17), la rescisión de los contratos de trabajo en mérito a lo previsto por el Decreto Ley (DL) 2565 de 6 de junio de 1951 y de conformidad a lo establecido en la RM 470/20 de 6 de octubre, que revocó la RRAA JDTSC/FALF/RR 014/2019 de 25 de septiembre y JDTSC/FALF/RR 01/2019 de 8 de agosto; mediante las cuales, la Jefatura Departamental de Trabajo declaró la legalidad de la huelga o paro determinada por los trabajadores del sindicado de la empresa desde el 7 de agosto de 2019 (fs. 70 a 86 vta.).

II.4.    Cursan fotocopias simples de cédulas de identidad en un número de diecisiete (17), correspondientes a trabajadores de la empresa Sociedad Industrial Cerámica Ltda., en las que se encuentra establecido de forma manuscrita la fecha de ingreso y despido de los propietarios de dichas identificaciones, así como también el cargo ejercido, dejándose constancia de no haberse recibido ningún beneficio social (fs. 87 a 103).

II.5.    Mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2020, la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, declinar competencia ante la existencia de hechos controvertidos dentro de la denuncia formulada por el Sindicato de Trabajadores Fabriles, como efecto de la desvinculación operada mediante notas de 3 de igual mes y año (fs. 165 a 168 vta.).

II.6.    En mérito al Informe MTEPS-JDT SC-ITSI-WHC-0229-INF/20 de 2 de diciembre de 2020, la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral – Fuero Sindical – Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, ordenando a la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., proceder a la inmediata reincorporación de los trabajadores miembros del Directorio del “Sindicato de Trabajadores Fabriles de Cerámica Santa Cruz”, Miguel Ángel Pérez Muñoz, Secretario General; Víctor Hugo Ayala Tatu, Secretario de Relaciones; Ángel Hurtado Valverde, Secretario de Hacienda; Mario Llanos Cervantes, Secretario de Organización; José Luís Pérez Justiniano, Secretario de Seguridad Industrial y Marcelo Peredo Cáceres, Vocal II, por gozar estos de fuero sindical; asimismo, dispuso la restitución de los trabajadores de base afiliados al indicado sindicato Hebert Ceferino Siye Vaca, Carlos Evaldo Banegas Bailaba, Juan Luís Tatu, Miguel Supepi Taseo, José Aramayo Ortuño, Gumercindo Bailaba Supayabe, Víctor Alfonso Molina Molina, Domingo Ipi Peña, Joel David Bazán Gutiérrez, Rita Guzmán Rivero y Alex Vargas Cayuba, en resguardo de su estabilidad laboral, debiendo la empresa ahora demandada, reincorporarlos a su fuente de trabajo, reponiendo los sueldos devengados desde la suspensión denunciada, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley; determinación que no obstante haber sido notificada al empleador, mediante diligencia de 22 de diciembre de 2020, no fue cumplida, conforme establece el Informe MEMORANDUM JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 006/2021 de 6 de enero, elaborado por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz (fs. 23 a 34).

II.7.    Por memorial presentado el 7 de enero de 2021, la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., planteó recurso de revocatoria contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre (fs. 146 a 155).

II.8.    Por Resolución Ministerial 356/21 de 9 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, confirmó totalmente la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/RR 012/21 de 5 de febrero emitida en resolución del recurso de revocatoria formulado por la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, y confirmó la misma en su totalidad (fs. 366 a 370 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por fuero sindical y a la estabilidad laboral, a la no discriminación, a la vida e integridad física, a la salud, a la organización sindical y al trabajo; toda vez que, no obstante haberse emitido la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, ordenando a la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., proceder a la restitución inmediata de los trabajadores a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de los sueldos devengados y derechos sociales que correspondan, dicha determinación no ha sido cumplida.

Corresponde en consecuencia, analizar si en el presente caso, se debe conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi.

En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el DS 0495 al DS 28699, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria.

No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la RM 868/10.

Es en base a dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional.

Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral.

En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente:

1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir:

i)     Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

ii)   Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador.

iii)  La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

v)   La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”.

Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la Norma Suprema, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.

III.2.  Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral por fuero sindical y a la estabilidad laboral, a la no discriminación, a la vida e integridad física, a la salud, a la organización sindical y al trabajo; toda vez que, no obstante haberse emitido la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, ordenando a la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., proceder a la restitución inmediata de los trabajadores a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de los sueldos devengados y derechos sociales que correspondan, dicha determinación no ha sido cumplida.

De conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional.

En igual sentido, la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico precedente, refiriéndose a las conminatorias de reincorporación laboral vinculadas a trabajadores protegidos por el fuero sindical, estableció que dicha protección debe comprenderse dentro del marco de los lineamientos establecidos por la SCP 0476/2018-S3, que determinó que la orden de reincorporación debe ser cumplida de forma inmediata en su integridad, incluyendo el pago de salarios devengados; toda vez que, el fuero sindical constituye un medio de protección constitucionalmente reconocido en favor de aquellos trabajadores que desarrollan la actividad sindical en defensa de los intereses de su gremio; por lo que, cualquier determinación que afecte su estabilidad laboral durante el tempo de su gestión y hasta un año después de haber culminado la misma, no podrán ser removidos de sus puestos de trabajo o desmejorados en sus condiciones laborales, a no que medie causa justa y previo proceso de desafuero.

  No obstante, es preciso aclarar que la indicada protección a la estabilidad laboral y con mayor razón aquella que se sustenta en el fuero sindical, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas, sino en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida.

  En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral; el cual, está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

  En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento; la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., ahora demandada; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerge de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada.

En este contexto y de los antecedentes anotados, se tiene que la empresa hoy demandada, fue notificada el 22 de diciembre de 2020, con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz; sin embargo, conforme establece el Informe MEMORANDUM JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 006/2021 de 6 de enero, elaborado por el Inspector de Trabajo del señalado departamento, dicha determinación ha sido incumplida por la mencionada empresa; por lo que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 45; 46.I.2; 48.I, II, IV, VI; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los DDSS 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consecuentemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada han sido denunciados como vulnerados y que fueron previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los mencionados Decretos Supremos.

  Por lo expuesto, se verifica que la citada empresa ahora demandada, al no haber dado cumplimiento estricto a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020, emitida por la Jefatura de Departamental de Trabajo de Santa Cruz, efectivamente ha vulnerado los derechos de los solicitantes de tutela a la inamovilidad laboral por fuero sindical y a la estabilidad laboral, a la no discriminación, a la vida e integridad física, a la salud, a la organización sindical y al trabajo; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde conceder la tutela solicitada.

No obstante, corresponde resaltar que la tutela a ser concedida, posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, si bien las vías impugnativas en sede administrativa han sido agotadas con la emisión de la RM 356/21 de 9 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó totalmente la RA JDTSC/JCCHS/RR 012/21 de 5 de febrero, emitida en resolución del recurso de revocatoria formulado por la empresa Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, y confirmó la misma en su totalidad, la parte demandada, en su condición de empleador y de considerarlo pertinente, tiene aún abierta la vía judicial, que puede ser activada a través de los mecanismos legales que dicha jurisdicción prevé; instancia ante la cual deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar.

Finalmente, con referencia a la alegada inejecutabilidad de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020, por parte de la empresa demandada, bajo el argumento de que se hubiera procedido al cierre de la empresa, dicho extremo no ha sido demostrado a través de los elementos probatorios que generen en esta jurisdicción la suficiente convicción de su existencia; siendo que, conforme se tiene establecido en la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional, la empresa demandada, únicamente adjuntó fotocopia simple de un Acta de Declaración Voluntaria Notarial 167/2020 de 30 de septiembre; a través de la cual, Ana María Auzza de Mohsein, en representación legal de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., declara la paralización de actividades empresariales y no así, el cierre definitivo de la misma, inobservando la propia jurisprudencia constitucional citada en su memorial de contestación a la presente demanda tutelar que, al tenor de lo establecido en la SCP 1346/2012, exige que el empleador, a efectos de eximirse de dar cumplimiento a la continuidad laboral, se halla obligado a demostrar la existencia de “…causas objetivas que impiden la continuidad de la relación laboral pueden ser atribuidos tanto al empleador (fuerza mayor, muerte del empresario e incapacidad del empleador, cuando es intuito persona; cese o liquidación de la empresa, extinción de la personalidad del contratante, quiebra, etc.) …; presupuestos que no ha sido debidamente probados y que, en su defecto, podrán ser expuestos ante la jurisdicción laboral que, a la luz del principio de inmediación, se halla facultada para valorar la prueba que pudiera ser aportada por los sujetos en controversia.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, ha evaluado en forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 359 vta. a 363 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela impetrada, disponiendo el cumplimiento inmediato de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral–Fuero Sindical–Estabilidad Laboral JDTSC/AAMS/CONM 168/2020 de 9 de diciembre, en los términos dispuestos en la misma, debiendo la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Limitada, proceder a la restitución inmediata de los trabajadores miembros del Directorio del Sindicato de Trabajadores Fabriles de Cerámica Santa Cruz, Miguel Ángel Pérez Muñoz, Secretario General; Víctor Hugo Ayala Tatu, Secretario de Relaciones; Ángel Hurtado Valverde, Secretario de Hacienda; Mario Llanos Cervantes, Secretario de Organización; José Luís Pérez Justiniano, Secretario de Seguridad Industrial y Marcelo Peredo Cáceres, Vocal II, por gozar estos de fuero sindical; así como, la reincorporación de los trabajadores de base afiliados al indicado sindicato Hebert Ceferino Siye Vaca, Carlos Evaldo Banegas Bailaba, Juan Luís Tatu, Miguel Supepi Taseo, José Aramayo Ortuño, Gumercindo Bailaba Supayabe, Victor Alfonso Molina Molina, Domingo Ipi Peña, Joel David Bazán Gutiérrez, Rita Guzmán Rivero y Alex Vargas Gayuba, en resguardo de su estabilidad laboral, debiendo la empresa ahora demandada, restituirlos a su fuente de trabajo, reponiendo los sueldos devengados desde la suspensión denunciada, manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondan por ley.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO