VOTO ACLARATORIO DE LA SCP 0956/2019-S2

Sucre, 15 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA

Magistrada:                 MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

Acción de libertad

Expediente:                 29764-2019-60-AL

Departamento:            La Paz  

                                                                                                       

I.  ANTECEDENTES

La suscrita Magistrada, al tiempo de suscribir la SCP 0956/2019-S2 de 15 de octubre, pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, manifiesta su conformidad con la decisión de denegar la tutela; sin embargo, hace conocer su desacuerdo con el argumento referido a la inexistencia de prueba respecto a los derechos a la vida y a la salud del accionante, conforme a los siguientes razonamientos:

 

II. FUNDAMENTOS

II.1.    El principio de no formalismo en el Código Procesal Constitucional y su incidencia en las pruebas en las acciones de defensa

           El art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo) reconoce los principios procesales de la justicia constitucional, señalando que las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las Juezas, los Jueces, Tribunales y Salas Constitucionales, al tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán, entre otros, por los siguientes principios:

 

1.   Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.

2.   Dirección del Proceso. Por el que deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios.

3.   Impulso de Oficio. Por el que las diferentes actuaciones procesales se efectuarán sin necesidad de petición de las partes.

4.   Celeridad. Que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su 4tramitación.

5.   No Formalismo. Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

6.   Concentración. En el proceso constitucional debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles.

7.   Motivación. Que obliga a fundamentar y argumentar un fallo de forma jurídicamente razonable.

8.    Comprensión Efectiva. Por el cual en toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población en general.

Dichos principios tienen un rol fundamental en la comprensión de las normas contenidas en dicho Código; por cuanto, tienen una triple dimensión:                 a) Fundamentadora del conjunto de reglas jurídicas del Código procesal constitucional; así como, de las actuaciones que realizan las autoridades jurisdiccionales; b) Orientadora de los fines que persiguen las reglas jurídicas contenidas en el Código Procesal Constitucional; y, c) Crítica, porque permite la valoración de las actuaciones y decisiones jurisdiccionales a partir del cumplimiento o no de los principios[1].

Conforme a ello, los principios procesales de la justicia constitucional son esenciales para la interpretación teleológica de las reglas jurídicas contenidas en el Código Procesal Constitucional y obliga a las autoridades jurisdiccionales, actuar a partir de dichos principios; bajo el entendido que son mandatos jurídicos que presiden la interpretación del conjunto de normas procesales constitucionales.

Entonces, sobre el principio de dirección del proceso, la actuación de magistrados, jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales, implica actos correctivos necesarios, a efectos de materializar el mandato contenido en el art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE), de ejercer el control de constitucionalidad, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; en ese ámbito, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0087/2012 de 19 de abril, estableció que los jueces y tribunales de garantías -ahora también las salas constitucionales- deben actuar con diligencia, para procurar mayores elementos de prueba del acto u omisión denunciado de ilegal y remitirlos al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por otra parte, sobre la base del principio de no formalismo, solo pueden exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso; principio que se encuentra vinculado a los principios de verdad material y de prevalencia del derecho sustantivo respecto al procesal, entre otros.

Por su parte, el art. 129.IV de la CPE, establece que: “La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante…”.

En similar sentido, el art. 33.7 del CPCo, señala como uno de los requisitos de las acciones de defensa, “Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren”. Conforme se aprecia, ninguna de las normas otorga la carga de la prueba a la parte accionante, sino que, solo le exige que confiera las pruebas que cursa en su poder, inclusive, ante la falta de información de la parte demandada, la resolución podrá pronunciarse sobre la base ofrecida por la parte accionante.

A partir de dichas regulaciones normativas, la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que:

…si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos.

II.2.    Sobre el Voto Aclaratorio de la SCP 0956/2019-S2

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la salud y a la vida; toda vez que, se encuentra privado de libertad a raíz del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, y por complicaciones en su salud se encuentra internado en emergencias del Hospital de Clínicas y pide se otorgue su libertad porque se encontraría en peligro su vida.

Ahora bien, la SCP 0956/2019-S2 confirma la Resolución 11/2019 de 3 de julio y deniega la tutela impetrada, con el argumento que no existe ningún tipo de prueba para acreditar de forma mínima lo alegado por la acción de libertad, respecto a la lesión del derecho a la vida y salud denunciado por el accionante; puesto que desde el carácter informal de la acción de la libertad y los derechos que protege, no puede dar lugar a denegar la tutela por la inexistencia de los hechos denunciados, más aún cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene los mecanismos para solicitar documentación complementaria a efectos de sustentar la decisión. 

Tal afirmación es incongruente cuando en la misma Sentencia Constitucional Plurinacional se hace referencia a la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas, impedir la realización de acciones estatales que culminen comprometiéndola y que sus agentes particulares atenten contra si misma.  

Dicha afirmación no es compartida por la suscrita Magistrada, por cuanto conforme se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico II.1 del presente Voto Aclaratorio, ninguna de las normas otorga la carga de la prueba con exclusividad a la parte accionante, sino que solo le exigen que confiera los documentos que cursan en su poder; inclusive, ante la falta de información de la parte demandada, la resolución podrá pronunciarse sobre la base ofrecida por la parte accionante, además se hace énfasis en la obligación de los jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales de actuar con diligencia, para procurar mayores elementos de prueba del acto u omisión denunciada de ilegal y remitirlos al Tribunal Constitucional Plurinacional; pudiendo incluso desarrollar la audiencia de acción de libertad en el lugar donde se encuentra el accionante a efectos de constatación directa de los hechos denunciados.

Por ello, manifiesto mi desacuerdo con la citada argumentación; toda vez que, por el principio de informalismo que caracteriza a la misma, dada la sensibilidad de los derechos a la vida y la libertad que resguarda, al no exigir su interposición necesariamente con la ayuda de un profesional abogado, se entiende también, que el accionante puede desconocer de las formalidades procesales que se requiere para su presentación; lo cual, conlleva que los administradores de justicia constitucional, tomando en cuenta la situación del impetrante de tutela y sobre la base de los principios constitucionales de dirección del proceso e impulso de oficio reconocidos en el art. 3.2 y 3 del CPCo, asuman las facultades otorgadas además en el art. 7.I del mismo cuerpo legal, de poder disponer la producción de documentación al propio demandante de tutela, a la parte demandada o directamente a la fuente de información fidedigna, a efectos de resolver la problemática planteada, ingresando a analizar el fondo de la misma; razón por la cual, considero que sostener la inexistencia de prueba  como elemento  de argumentación se contrapone a la naturaleza jurídica de la acción de libertad.

III. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Magistrada que efectúa el presente Voto Aclaratorio, considera que la SCP 0956/2019-S2 de 15 de octubre, debió prescindir del desarrollo jurisprudencial glosado en su Fundamento Jurídico III.1; toda vez que, en la presente causa amerita la denegatoria de la tutela impetrada por subsidiariedad; empero no, por falta de prueba, conforme a lo analizado en esta Aclaración de Voto.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA



[1]Sobre la base del contenido de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que en el FJ III.1 señala: “Los valores superiores poseen una triple dimensión: a) fundamentadora del conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales, así como del ordenamiento jurídico en su conjunto, al que se proyectan sus normas, principios y valores, lo que determina que tengan una significación de núcleo básico e informador de todo el sistema jurídico político; b) orientadora del orden jurídico hacia fines predeterminados, que hacen ilegítimas las normas que persiguen fines distintos o que obstaculicen la consecución de los valores que enuncia la Constitución; c) crítica, pues sirve de parámetro para la valoración de conductas, posibilitando el control jurisdiccional de las restantes normas del ordenamiento jurídico para determinar si están conformes o infringen los valores constitucionales (Antonio Enrique Pérez Luño)”.