SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0159/2021-S2

       Sucre, 21 de mayo de 2021

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator:     MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  34415-2020-69-AAC

Departamento:            Chuquisaca

En revisión la Resolución 030/2020 de 24 de julio, cursante de fs. 339 a 343, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Serafina Mercado Berazaín contra Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de febrero y 6 de marzo, ambos de 2020, cursantes a fs. 1; 275 a 279; y, 285, respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpuso demanda de nulidad de los títulos ejecutoriales así como del proceso que sirvió de base para su emisión, signados PPDNAL 190386, PPDNAL 190387, PPDNAL 190388, PPDNAL 190389, PPDNAL 190390, PPDNAL 190391 y PPDNAL 190392, todos de 3 de julio de 2013, de predios que se encuentran situados en el comunidad San Antonio del municipio de Sopachuy, provincia Tomina del departamento de Chuquisaca, que pertenecían a sus padres Segundo Mercado y Jacoba Berazaín, que al fallecimiento del primero de ellos, los dividieron entre todos sus hermanos, no obstante que dichos terrenos fueron poseídos por su persona y su madre, quien enfermó gravemente viéndose obligadas a trasladarse por este motivo a la ciudad de Sucre; circunstancias en las cuales Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar, con información falsa y sin haber ejercido posesión, con ausencia de causa hicieron incurrir en error esencial al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), logrando la titulación de los indicados predios.

Aduce que, los Magistrados demandados en la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 069/2019 de 15 de agosto, que declaró improbada su demanda, lesionaron sus derechos, ya que para fundamentar la no concurrencia del error esencial como causal de nulidad, sostuvieron que revisada la documentación presentada con la demanda, la contrastación con los antecedentes agrarios y el informe en conclusiones, que sirvió de base para la emisión de la Resolución Suprema (RS) 06096 de 7 de septiembre de 2011, no existió tradición agraria con ningún título otorgado a través de los expedientes que se encuentran sobrepuestos a las parcelas 052 y 053, y al no existir dicha tradición del derecho propietario agrario consolidado, los documentos presentados no resultan valederos para acreditar el error argüido, pues el INRA no identificó este aspecto antes de la emisión del acto administrativo; empero la indicada Sentencia Agroambiental, en lo relativo a la simulación absoluta, reconocer la existencia de tradiciones y derecho propietario consolidado, al señalar que los predios no solamente pertenecían a sus padres, sino que de la certificación de las autoridades comunales, se tenía establecido que las parcelas correspondían a cada uno de los hermanos Mercado Berazaín; por lo que considera que resulta evidente la contradicción en la que incurrieron los Magistrados, lesionando así los derechos invocados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y a la propiedad, citando al efecto los arts. 56.I, 115.II y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, disponer: a) Se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2ª 069/2019 de 15 de agosto; y, b) Se dicte una nueva resolución anulando los Títulos Ejecutoriales PPDNAL 190386 de 0.2039 ha, comunidad San Antonio, parcela 052; PPDNAL 190387 de 1.1421 ha, Comunidad San Antonio, parcela 053; PPDNAL 190388 de 2.7869 ha, Comunidad San Antonio, parcela 054; PPDNAL 190389 de 93.2033 ha, comunidad San Antonio, parcela 055; PPDNAL 190390 de 0.4167 ha, comunidad San Antonio, parcela 056; PPDNAL 190391 de 0.7521 ha, comunidad San Antonio, parcela 057 y PPDNAL 190392  de 0.2933 ha, comunidad San Antonio, parcela 058, todos de 3 de julio de 2013 ubicados en el municipio de Sopachuy, provincia Tomina del departamento de Chuquisaca.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de julio de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 328 a 338, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Agroambiental, remitieron informe escrito el 17 de marzo de 2020, cursante ­de fs. 310 a 315, y en audiencia virtual mediante su representante legal solicitaron la denegatoria de tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La accionante no cumplió con los requisitos establecidos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo) al no describir claramente los hechos que motivan su demanda tutelar y tampoco los relaciona adecuadamente con los derechos que considera lesionados y si bien la jurisprudencia determinó flexibilizar esta exigencia, ello se da cuando existe una duda razonable sobre una grosera vulneración de los derechos fundamentales, que en el caso no ocurre, por consiguiente no debió admitirse la acción tutelar; 2) Del análisis de la Sentencia cuestionada, se advierte que no existe incongruencia o contradicción, puesto que al resolver el error esencial, se sostuvo que la documentación presentada en la demanda, no acreditó la tradición agraria, incumpliendo con los requisitos para su consideración en el proceso de saneamiento, por no emerger de procesos agrarios; en tanto que, respecto a la simulación, concluyeron que siendo el codemandado hermano de la demandante, cumplió con la legitimación para perfeccionar el derecho propietario y que la certificación comunal establecía que los padres de los litigantes y todos sus hijos tenían derecho a las parcelas, en ese sentido al haberse identificado a los demandados como poseedores legales, no existía fraude o equivocación; 3) La Resolución impugnada, cumple con los cánones de una debida fundamentación, motivación y congruencia, así como con las finalidades desarrolladas en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2018-S2 y 0018/2018-S2 ambas de 28 de febrero; 4) Los puntos objetados carecen de relevancia constitucional, puesto que en el hipotético caso de existir contradicciones, la subsanación de aquel defecto no cambiaría el fondo de la decisión; 5) Respecto al derecho de propiedad, no se explicó de qué manera se hubiese lesionado el mismo, resultando inviable que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse sobre ello; y, 6) El petitorio resulta impertinente, puesto que el juez constitucional no puede ordenar la nulidad de los títulos ejecutoriales, sino únicamente la emisión de una nueva resolución.

Con el uso de la palabra el abogado y apoderado de las autoridades en audiencia virtual, reiterando los argumentos expuestos en el informe precitado, añadió que en el Tribunal Agroambiental, se procedió a la reconformación de Salas, reorganización interna que dio lugar a que la Sala Segunda Especializada, ya no esté conformada por la Magistrada Ángela Sánchez Panozo, sino por el Magistrado Rufo Nivardo Vásquez Mercado.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Julia García Salazar, en audiencia por intermedio de su abogado se adhirió a los argumentos expresados por las autoridades demandadas pidiendo se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 030/2020 de 24 de julio, cursante de fs. 339 a 343, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) La Sentencia cuestionada en el Considerando I describe los antecedentes del derecho alegado por la actora del proceso de saneamiento, así como las causales de nulidad, error esencial, simulación absoluta y ausencia de causa;  ii) En el Considerando III, en cuanto al error esencial, refiere que implica -la falsa representación de los hechos o circunstancias- (falsa apreciación de la realidad), que motivaron se constituyera el acto jurídico, entendido en el caso como el acto o hecho que valorado al margen de la realidad influyen en la voluntad del administrador en la toma de decisión, por lo que debe ser determinante, reconocible y constatarse por elementos conocidos previos al acto administrativo cuya nulidad se pide, que el saneamiento desarrollado fue bajo la modalidad de saneamiento interno, en el que las autoridades comunales certificaron la posesión legal de los beneficiarios de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, validadas por la RS 06096, que no fue impugnada en proceso contencioso administrativo, concluyendo que no acreditó el derecho propietario basado en antecedente o tradición agraria; en consecuencia, la documental presentada (certificación y documento de transferencia), no son valederos para demostrar dicha causal, tampoco acreditó posesión anterior a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, por lo que el INRA no identificó el error esencial argüido; iii) Respecto a la simulación absoluta, expresan que, según el art. 50.I.1 inc. c) de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; razón por la cual, consiste en la creación de un acto aparente, que hace parecer como verdadero lo contradicho con la realidad, debiendo existir una relación directa entre ese acto aparente y el acto administrativo cuestionado, por lo que respecto a que los demandados indujeron al INRA a su titulación, sin legitimación activa, irregularidad que buscaron enmendar con el documento de transferencia, los Magistrados concluyeron, que al ser éste hermano de la demandante, cumplía con tal legitimación para perfeccionar el derecho propietario y la certificación de las autoridades del lugar acreditó que sus padres y sus hijos tienen derecho sobre sus parcelas, identificando a los demandados como poseedores legales, acreditó que no habría tal simulación; por otra parte, el documento de transferencia fue suscrito con posterioridad a la RS 06096, el que solo hace referencia que Serafina Mercado Berazaín y otros ingresan como copropietarios del predio denominado “El Bado”, que no prueba la simulación o fraude alegado, concluyendo que no hubo un acto creado; iv) La parte accionante no precisó con claridad la incongruencia interna de la Resolución discutida, limitándose a señalar que en la causal sobre el error esencial, los Magistrados sostuvieron que no acreditó su derecho propietario basado en antecedentes dominiales consolidados y por el contrario al referirse a la simulación absoluta, admitieron que tenía derecho propietario sobre el predio; tampoco expresó con claridad la relación de causalidad, o de qué manera esta contradicción le causa lesión a sus derechos; y finalmente no justificó que una eventual concesión de tutela y corrección del defecto, derivaría en un resultado diferente o protegería su derecho a la propiedad agraria que es lo pretendido en última instancia; v) Respecto a la incongruencia interna, si bien la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 069/2019, incurre en ciertas imprecisiones, al explicar lo que dice la certificación emitida por la comunidad, respecto a la expresión -todos los hijos de los afiliados tienen derecho sobre los terrenos objeto de saneamiento-, lo que en criterio de la actora sería contradictorio y afectaría su compresión efectiva, no es menos evidente que en materia agraria, en la que la posesión es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, es frecuente referirse a esta como un derecho, imprecisiones que en criterio de la Sala no reconocen un derecho, de modo que lo alegado por la impetrante de tutela no podía ser considerado como un elemento determinante  en la decisión, careciendo de relevancia para fundar una eventual tutela pues por sí sola no cambia el sentido de lo resuelto; vi) En cuanto a una debida fundamentación, la Sentencia objetada, contiene las precisiones necesarias de lo que implica el error esencial y la simulación absoluta, sus presupuestos y alcances, cumpliendo así con esta exigencia; vii) Respecto a la motivación, se advierte que los argumentos y afirmaciones evidentemente resultan arbitrarias  por la falta de correspondencia con los antecedentes y elementos probatorios, como cuando se refieren al contenido de la certificación, en relación a la cual los Magistrados extraen elementos que la misma no contiene, justificando que el INRA cumplió su labor de forma eficiente, tampoco este documento expresa que los poseedores sean Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar, ni explican por qué el INRA no tuvo en cuenta estos elementos, si dicha certificación se constituía en la base para el saneamiento interno, extremos que no dan certeza sobre la correcta aplicación del derecho por parte de las autoridades demandadas; viii) Superando lo formalmente manifestado, compele analizar la relevancia constitucional, a partir de una eventual concesión de tutela que permita subsanar los defectos acusados y advertidos, permitiría alcanzar un resultado diferente y la materialización del derecho sustancial de la accionante como lo es el de la propiedad agraria; y, ix) En el caso una verdad aceptada es lo expresado en la certificación comunal, según la cual los hijos de los afiliados Jacoba Berazaín y Segundo Mercado tenían derecho a los predios en cuestión, pero que por las irregularidades en el proceso de saneamiento y el reclamo de los afectados, dieron lugar a acuerdos con Felipe Mercado Berazain y Julia García Salazar, suscribiendo un contrato de transferencia por el que la impetrante de tutela se convertiría en copropietaria de las parcelas tituladas a nombre de aquellos, planteándose la demanda de nulidad de títulos ejecutoriales ante el incumplimiento del aludido contrato de transferencia, resultando que tanto el proceso de origen como la presente demanda tutelar, es la de concretar el derecho sobre los predios en cuestión, por lo que una potencial concesión de tutela no tendría relevancia sustancial, puesto que la transferencia que consta en el Testimonio 64/2012 de 1 de agosto, debela que las partes acordaron una solución al problema, haciendo surgir obligaciones que pueden ser exigidas según lo previsto en el art. 39.8 de la LSNRA.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

 

II.1.    Cursa la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sª 2ª 069/2019 de 15 de agosto, que corresponde al Expediente: 3015-NTE-2018; sobre el Proceso: Nulidad de Titulo Ejecutorial, interpuesto por Serafina Mercado Berazaín contra Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar; Distrito: Chuquisaca; Propiedad: "Comunidad San Antonio Parcelas 052 y 053",  cuya parte dispositiva es como sigue: “POR TANTO: La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, impartiendo justicia en única instancia y en virtud a la jurisdicción y competencia que por Ley ejerce, con la facultad conferida por los arts. 7, 12-I, 186 y 189-3 de la CPE; art. 36-3 de la Ley Nº 1715, modificada parcialmente por Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria; arts. 11 y 12 de la Ley 025 del Órgano Judicial, FALLA declarando IMPROBADA la demanda de Nulidad Absoluta de Títulos Ejecutoriales, instaurada por Serafina Mercado Berazain contra Felipe Mercado Berazain y Julia García Salazar, por consiguiente se mantienen firmes e incólumes los Títulos Ejecutoriales: PPD-NAL-N° 190386, PPD-NAL-N° 190387, PPD-NAL-N° 190388, PPDNAL-N° 190389, PPD-NAL-N° 190390, PPD-NAL-N° 190391, PPD-NAL-N° 190392, emitidos respecto al interior del predio Comunidad San Antonio, parcelas 052, 053, 054, 055, 056, 057 y 058” (sic [fs. 262 a 267 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como a la propiedad; toda vez que dentro del proceso de nulidad de títulos ejecutoriales que interpuso contra de Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar, las autoridades demandadas por Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 069/2019, declararon improbada su demanda, no obstante que a través de la certificación comunal el INRA tenía conocimiento del derecho que le asistía sobre dichos predios, al fallecimiento de sus padres; añadiéndose a ello que, a fin de subsanar las irregularidades en las que incurrió el INRA, suscribió un documento de transferencia de los predios que le pertenecían, aspectos que no fueron considerados por los Magistrados demandados en el contenido de la Resolución cuestionada.

 

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1   La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0014/2018-S2 al respecto establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la         SC 0946/2004-R de 15 de junio[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento     Jurídico III.3, señala: 

           …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,  c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

           En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio[3], precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.  

           Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre[4] se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[5] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución   a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero[6]-.

           Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la          SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas            -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la                   SC 0863/2003-R de 25 de junio[7], así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre[9], entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo[10], señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

           En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

           Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna(énfasis añadido).

III.2.  Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que dentro de la demanda de nulidad de títulos ejecutoriales, instaurado por la impetrante de tutela contra Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar fue emitida la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2ª 069/2019 (Conclusión II.1), declarando improbada la demanda manteniendo firmes e incólumes los Títulos Ejecutoriales: PPDNAL 190386, PPDNAL 190387, PPDNAL 190388, PPDNAL 190389, PPDNAL 190390, PPDNAL 190391, PPDNAL 190392, emitidos respecto al interior del predio comunidad San Antonio, parcelas 052, 053, 054, 055, 056, 057 y 058, respectivamente.

III.2.1. De la demanda de nulidad de títulos ejecutoriales

Ahora bien, de la problemática en el caso que se examina, se infiere que la impetrante de tutela en su demanda de nulidad de títulos ejecutoriales expresó que sus padres Segundo Mercado y Jacoba Berazaín, eran propietarios de una amplia extensión de terrenos en San Antonio, municipio de Sopachuy, provincia Tomina del departamento de Chuquisaca, adquiridos en compraventa de los esposos Encinas Sánchez, con una superficie de 113 6510 has, que estuvieron en posesión de sus progenitores, conforme lo certificaron las autoridades de la comunidad; al fallecimiento de su padre se declararon herederos de la alícuota parte que les correspondía conjuntamente sus hermanos; empero, posteriormente tuvo que trasladarse a la ciudad de Sucre, con su madre debido a su estado de salud, hecho que su hermano Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar, aprovecharon para adjudicarse los terrenos, sin la autorización de sus hermanos y de su madre, los que ante sus reclamos, firmaron una minuta de reconocimiento de derecho de propiedad, en calidad de copropietarios en las mismas medidas y dimensiones, conforme sale del Testimonio 64/2012, de donde se colige el fraude cometido al adjudicarles el INRA bienes que no les correspondía.

Alega igualmente en la merituada demanda que, a los demandados se les proporcionó las parcelas por ser poseedores, cuando no es cierto, pues las únicas poseedoras eran ella y su madre, de ahí que el trámite de saneamiento del expediente I-21889, sobre las parcelas 52 a la 58, es falso, hecho acreditado por la certificación del Sindicato Agrario de San Antonio; sin embargo de ello, el INRA sugirió la emisión de la resolución final y posterior titulación, favoreciendo a los demandados, sin tomar en cuenta la precitada certificación y la transferencia antes mencionada, aduciendo como causales de nulidad de los títulos descritos, error esencial, simulación absoluta y ausencia de causa.

Nótese que los argumentos manejados por la demandante en la merituada demanda de nulidad de títulos ejecutoriales, son los mismos de su demanda tutelar.

           III.2.2. De la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 069/2019

Los Magistrados ahora demandados en la Sentencia Agroambiental Plurinacional Sa 2a 069/2019, objetada a través de la presente acción de defensa, en el “CONSIDERANDO III” se pronunciaron sobre las causales alegadas, en síntesis, de la siguiente manera:

Sobre el error esencial, además de la cita jurisprudencial que realiza una definición de esta figura jurídica, efectúa una relación de los actuados suscitados en el proceso de saneamiento interno realizados a la comunidad San Antonio, que se constituye en una modalidad o instrumento de conciliación de conflictos y la delimitación de linderos, basado en usos y costumbres de las comunidades, los mismos que fueron validados en la RS 06096, previa consideración del INRA, de dichos actuados, recogidos en el informe en conclusiones y la resolución final de saneamiento, misma que no habría sido impugnada en proceso contencioso administrativo. Concluyendo al respecto que: “…no existe tradición en derecho propietario consolidado, conforme señalan los arts. 306 y 308 del D.S. N° 29215; como tampoco posesión anterior a la promulgación de la Ley N° 1715; dando como resultado, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA no identifico el error esencial argüido, antes de la emisión del acto administrativo, por consiguiente no acredita la vulneración de derechos que se acusa; además deberá tenerse presente que en este tipo de demandas, tratándose de predios con un solo titular, deberá notificarse y sustanciarse de manera individual por cada título, aspecto que no aconteció en la presente demanda” (sic).

           Lo que significa, que la actora, no demostró que el derecho de posesión alegado, proviene de un derecho propietario consolidado, conforme lo exige la norma, desvirtuándose así la causal referida, razonamientos que consideramos pertinentes y suficientes, al momento de desvirtuar la indicada causal de nulidad.

           En relación a la simulación absoluta, del mismo modo las autoridades demandadas, efectuaron la cita jurisprudencial pertinente referida a la causal invocada, para seguidamente explicar que en el momento en el que se realizaba el saneamiento de esos predios se identificó al hermano de la actora Felipe Mercado Berazaín y a Julia García Salazar, quienes cumplían a cabalidad con el requisito que servía para perfeccionar el derecho propietario, en calidad de poseedores legales y cumpliendo la función social. Añadiéndose a ello que el documento de transferencia suscrito el 30 de julio de 2012, fue posterior a la emisión de la RS 06096, el cual debió registrarse ante el ente administrativo, conforme a la normativa citada al efecto, no habiendo demostrado la actora que el hecho que consideró la autoridad administrativa como cierto, sea un acto que no correspondía a la realidad.

           Razonamientos que también consideramos se ajustan a la norma, toda vez que en el momento en que se realizaba el saneamiento de los predios en cuestión, se encontraban en posesión los demandados en el proceso de origen (Felipe Mercado Berazaín y Julia García Salazar), no existiendo en consecuencia la simulación alegada y el hecho que supuestamente ocultaron información al INRA, ya no era un elemento a considerar en esa oportunidad, en la que el INRA registraba lo que constaba efectivamente. En lo referido a la transferencia efectuada posteriormente, por la que los hermanos trataron de subsanar esta situación, evidentemente se dio de manera posterior a la emisión de la RS 06096 que dio origen a los títulos ejecutoriales cuya nulidad se pretendía.

           Finalmente en lo relativo a la ausencia de causa, sostienen en la resolución objetada, que respecto de la denuncia de haberse titulado a personas, que no fueron poseedoras, menos propietarias de los predios; uno de los elementos primordiales para la consolidación de algún derecho propietario a través de la ejecución de saneamiento, es la verificación de la función social, que en el caso de autos, dicha actividad fue sustituida a través de la modalidad de saneamiento interno, en la que las autoridades naturales del lugar, con base en los usos y costumbres, fueron quienes refrendaron y dieron fe sobre las características, actividad y legitimación de cada una de las personas interesadas en el saneamiento ejecutado, por lo tanto el hecho y el derecho son existentes, consecuentemente no correspondía invocar esta causal de nulidad, ya que no se encuadra en la conceptualización y alcance realizado por el Tribunal; no evidenciándose en este sentido que el ente administrativo se haya basado, para la toma de decisiones en hechos inexistentes o falsos, máxime cuando no se evidencia que los beneficiarios de los títulos acusados de nulos, hayan obtenido fraudulentamente la certificación comunal, por cuanto de antecedentes se evidencia la participación de la comunidad "San Antonio" y los demandados quienes durante el saneamiento interno ejecutado no fueron denunciados por la demandante, no presentando oposición, por lo que no se evidencia la concurrencia de la causal alegada.

           Concluyendo finalmente que la actora, ahora impetrante de tutela, no demostró que los Títulos Ejecutoriales: PPD-NAL 190386, PPDNAL 190387, PPDNAL 190388, PPDNAL 190389, PPDNAL 190390, PPDNAL 190391 y PPDNAL 190392, (todos ellos emitidos el 03 de julio de 2013), se encuentren afectados por vicios de nulidad conforme a los términos de la demanda y las causales acusadas, por cuanto la entidad administrativa valoró correctamente la información que le tocó conocer en el marco de las normas legales aplicables al caso concreto; ello, a decir de las autoridades demandadas.

           Respecto de lo cual, también consideramos que los argumentos esbozados por los Magistrados demandados contienen la necesaria carga argumentativa que justifica la decisión asumida, respecto de dicha causal; concluyendo en suma que, si bien pueden existir algunas imprecisiones de orden y entendimiento, éstos se ajustaron a corroborar las causales de nulidad invocadas por la actora, las cuales fueron desvirtuadas una a una, absolviendo las cuestionantes efectuadas en la demanda, en el marco de la normativa agraria y la competencia de las instancias pertinentes.

          

           De lo precedentemente descrito, se puede inferir, la inexistencia de lesión alguna del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, alegados por la accionante, respecto de la Sentencia Agroambiental Plurinacional confutada a través de la presente acción de defensa, conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; es decir, que la referida arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de la Resolución cuestionada, no se dio en el acto supuestamente ilegal; por cuanto lo resuelto por los Magistrados demandados, se enmarca en las atribuciones y competencias que tienen en la resolución de la demanda de nulidad de título ejecutorial, que se circunscribe a examinar si la demandante -ahora accionante-, acreditó la concurrencia o no de la causales de nulidad invocadas y contempladas en la normativa agraria, que en el caso de autos no ocurrió.

           Por otra parte, en lo concerniente al derecho de propiedad, también invocado por la accionante, de igual forma corresponde su denegatoria, considerando que el mismo no se encuentra consolidado a favor de la impetrante de tutela, conforme a los antecedentes de la causa, toda vez que la justicia constitucional no define derechos sino protege aquellos que se encuentran consolidados.

            De lo anteriormente desarrollado, corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 030/2020 de 24 de julio, cursante de fs. 339 a 343, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justica de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

 

Fdo.   MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA



[1]El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

(…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

 

[2]El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

[3]El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

[4]El FJ III.4, expresa: Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

[5]El FJ III.1, manifiesta: En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.          

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

[6]El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

[7]El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

[8]El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

[9]El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

[10]El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.