SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2021-S4

Sucre, 16 de agosto de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:      René Yván Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente:                   35656-2020-72-AAC

Departamento:              Oruro

En revisión de la Resolución 40/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 151 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alegría García contra Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro y Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de marzo de 2020, cursante de fs. 56 a 59 vta., y los de subsanación el 17 del indicado mes y 1 de julio, ambos del mismo año        (fs. 64 y vta.; y, 73, respectivamente), el accionante expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros por el Ministerio Público a instancia de Juan José Huanca y Julia Mamani Flores (representantes legales de las víctimas), por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, al vencimiento de la etapa preparatoria, el 25 de octubre de 2019, las víctimas a través de Julia Mamani Flores, solicitaron al Juez de la causa Conmine al Ministerio Público para que éste en el plazo de cinco días emita un requerimiento conclusivo de acusación, sobreseimiento o pronuncie otra salida alternativa. Siendo notificada la Fiscalía Departamental de Oruro con la Conminatoria correspondiente, el 2 de diciembre del mencionado año, feneciendo el plazo para la emisión del requerimiento conclusivo, el 10 del mismo mes y año. Por otro lado, el 7 de diciembre de “2020” –siendo lo correcto 2019– en audiencia cautelar, se dispuso su detención preventiva.

                                                                                                               

Así también, el 24 del citado mes y año, ante el incumplimiento del plazo de la Conminatoria su persona solicitó al Juez de la causa, se declare el incumplimiento del plazo por parte del Ministerio Público, disponiéndose la notificación a la víctima para ver si ellos presentan acusación particular o no; empero, el Ministerio Público presentó acusación el 3 de enero de 2020; es decir, vencido el plazo de los cinco días establecidos en la Conminatoria, pues lo hizo aproximadamente veinte días después; pese a ello, dicha acusación fue aceptada por Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de La Paz –hoy codemandado– (en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento), mediante proveído de 8 del señalado mes y año, disponiendo remitir obrados ante el “tribunal de juicio”; por lo que, contra dicho decreto formuló recurso de reposición, por cuanto no podía ser aceptada la acusación fiscal fuera del plazo de los cinco días que determinó la Conminatoria.

Ante la presentación del indicado recurso, la mencionada autoridad judicial, por Auto Interlocutorio 26/2020 de 16 de enero, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición, con el fundamento de que la acusación fiscal hubiera sido presentada dentro de los cinco días, según el señalado Juez el cuarto día de la Conminatoria, porque por Acuerdo de Sala Plena 189/2019 de 4 de noviembre del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, así como de la Ley del Órgano Judicial –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, los plazos procesales habrían quedado suspendidos por vacación judicial, siendo el único argumento para rechazar el recurso de reposición; por lo cual, el indicado Auto Interlocutorio, no tiene una debida fundamentación, pues el mismo refiere hechos que no son ciertos como señalar que los plazos se encontraban suspendidos “…cuando la Jurisprudencia dice lo contrario, además se me cautelo durante la vacación y por esa mi condición de detenido preventivo mi proceso fue remitido ante el señor Juez Cautelar de Turno…” (sic), siendo que el Ministerio Público trabajaba con normalidad; por ello, el argumento de que los plazos se encontraban suspendidos no es evidente.

Por lo que, en el presente caso, no solo existe ausencia de fundamentación, sino que también el Juez de la causa, no ejercitó el control jurisdiccional respecto al cabal cumplimiento de los plazos procesales por parte del Fiscal de Materia, quien generó dilaciones; es así que, la autoridad judicial aceptó la acusación en su contra presentada fuera de plazo, entendiendo que la demora de dicho trámite es por la pandemia.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; citando al efecto el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela, y se ordene dejar sin efecto legal: a) El Auto Interlocutorio 26/2020; y, b) La providencia de 8 del señalado mes y año “(Resolución que acepta la acusación fiscal) actos realizados por el Dr. Freddy Escobar Peña (…) ordenando de que la actual autoridad cautelar No. 3 accionada Dr. Freddy Nicanor Yucra providencie de forma adecuada a la presentación de la acusación fiscal es decir por haber sido presentada fuera de los 5 días se rechace el mismo y se declare por incumplida el plazo procesal…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 144 a 150, en presencia del abogado del accionante, el representante actual de la Fiscalía Departamental de Oruro, Javier Alejandro Blanco Flores, ex Fiscal de Materia y los terceros interesados Julia Mamani Flores y Juan José Huanca Ignacio, apoderados de las víctimas del proceso penal del cual deviene la acción de amparo constitucional, ambos asistidos por sus abogados, y ausentes el impetrante de tutela, las autoridades demandadas, Franz Imber Huanay Cáceres y Juan Carlos Rocha Rocha, actual y ex Fiscal de Materia, respectivamente y los terceros interesados Pepa Yolanda Zegarra Piluy, Nora Quenta Benito y Jhonny Max Gutiérrez Alcalá; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, no asistió a la audiencia pública de esta acción tutelar; sin embargo, su abogado en dicho acto procesal, habiéndosele otorgado la palabra, indicó que: 1) El problema en esta acción de amparo constitucional, se basa en que la Fiscalía Departamental de Oruro fue notificada el 2 de diciembre de 2019 con la Conminatoria para que emitiera su requerimiento conclusivo de acusación, sobreseimiento o alguna salida alternativa, teniendo para ello el plazo de cinco días, conforme lo establece el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo claro en el plazo, pues en su parte in fine determina que si vencido el plazo no se presenta requerimiento conclusivo, inmediatamente se dispondrá la extinción de la acción penal previa notificación de la víctima para que ésta pueda presentar acusación particular si así lo desea; empero, el representante del Ministerio Público recién presentó la resolución de acusación el 3 de enero de 2020; y, 2) Respecto a las suspensiones de plazos procesales, el art. 130 del citado Código, determina que los plazos solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales y podrán declararse en suspenso en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentada; por lo que, toda suspensión de plazos debe realizarse a través de un Auto Interlocutorio debidamente fundamentado, y mientras no exista el mismo, el plazo seguirá corriendo; además, según doctrina, si el procesado se encuentra detenido preventivamente, el plazo no se suspende; es así que, el art. 134 de la CPP debe ser interpretado conforme a la Constitución Política del Estado, ya que un Acuerdo de la Sala Plena no está por encima de la ley, pues de acuerdo al art. 410 de la CPE en cuanto la jerarquía, hace mención a que la ley siempre está por encima de los acuerdos; en consecuencia, tendría que haber existido en el cuaderno de control jurisdiccional previamente un auto interlocutorio debidamente fundamentado suspendiendo el plazo por vacación judicial, y con el mismo ser notificados las partes; hecho que en el presente caso no sucedió. Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto la resolución que resolvió el recurso de reposición.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Nicanor Freddy Yucra Ticona, Juez de Instrucción Penal Tercero y Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas, ambos del departamento de Oruro, no presentaron informe escrito alguno, así como tampoco se hicieron presentes en audiencia pública de esta acción de defensa, pese a sus legales citaciones, cursantes a fs. 82 y vta.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Fiscal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia pública de esta acción de defensa, señaló que, ante la ausencia del accionante correspondía dar por desistida la presente acción de defensa.

Asimismo, manifestó que el impetrante de tutela en su demanda de acción de amparo constitucional, reclamó el hecho de que el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación en su contra fuera del plazo establecido en la Conminatoria; al respecto, se debe considerar que el art. 134 del CPP, establece que una vez vencido el plazo de la etapa preparatoria en caso de que el Ministerio Público no presente acusación, el Juez conminará al Fiscal Departamental para que remita algún requerimiento conclusivo; por ello, en este caso, efectivamente la autoridad judicial conminó al representante del Ministerio Público, siendo notificado el Fiscal Departamental de Oruro, el 2 de diciembre de 2019, y el 3 del mismo mes y año, mediante Acuerdo de la Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se dispuso vacación colectiva en cumplimiento al art. 124 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, así como al art. 130 tercer párrafo del CPP, desde la indicada fecha hasta el viernes 27 del citado mes y año, siendo el sábado y domingo día inhábil y el 31 de ese mes y año, se volvió a las labores y el 1 de enero de 2020, también fue feriado nacional, retornando a las actividades el 2 de dicho mes y año, y el 3 se presentó la acusación; por lo que, haciendo un cómputo, el Ministerio Público remitió dicho requerimiento conclusivo dentro del plazo de los cinco días; es decir, al “tercer” día, pues el art. 130 del CPP ya señalado, determinó que “…los plazos solo se suspenderán durante las vacaciones judiciales”, al igual que el art. 124 de la LOJ; en consecuencia, no existe vulneración alguna a los derechos de Luis Alegría García; es en ese entendido que el Juez de la causa, dispuso mediante una reposición resolver el reclamo del ahora accionante, estableciendo que efectivamente el Ministerio Público presentó la acusación dentro de plazo. Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción tutelar.

Franz Imber Huanay Cáceres, actual Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia pública.

Javier Alejandro Blanco Flores, ex Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: i) En la demanda de la acción de amparo constitucional se denunció la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, sin especificar de manera clara y concreta cómo el “Juez Cautelar Nº3” (sic) hubiese lesionado dicho derecho, qué elemento no se hubiera razonado adecuadamente o qué se sale de los márgenes de razonabilidad, taxatividad, interpretación de la legalidad ordinaria y sin referir qué norma fue inadecuadamente interpretada o aplicada, aspecto que hace evidente la falta de nexo de causalidad en la acción de amparo constitucional, lo que deriva en una denegatoria de la tutela impetrada; y, ii) La resolución recurrida a través de esta acción de defensa, fue resuelta por la autoridad judicial adecuadamente bajo los parámetros de interpretación de la legalidad ordinaria, constitucional y legal, y las resoluciones, como las Circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia, haciendo el cómputo objetivo de los plazos.

Juan Carlos Rocha Rocha, ex Fiscal de Materia, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia pública de esta acción de defensa, pese a su notificación, cursante a fs. 85 vta.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Julia Mamani Flores y Juan José Huanca Ignacio, apoderados de las víctimas del proceso penal, a través de sus abogados, en audiencia pública, manifestaron que; a) En el proceso penal seguido en contra del ahora accionante y otros por la presunta comisión de los delitos de estafa y tráfico de tierras, representan a las más de noventa víctimas; b) La defensa del impetrante de tutela, refirió que su cliente se encuentra detenido preventivamente y que por ese motivo no debería tomarse en cuenta los aspectos señalados en el último párrafo del art. 130 del CPP, respecto a la suspensión de plazos por vacaciones judiciales; empero, olvidó mencionar que la aprehensión del accionante se dio el “7 de diciembre” (sic); es decir, posterior al inicio de vacación judicial, por lo que el cuaderno procesal no fue remitido al juzgado de turno, pues “…uno de los autores, se encontraba prácticamente estuviera declarado en estado de rebeldía…” (sic), por ello la audiencia de aplicación de medidas cautelares fue llevado a cabo por el “Juzgado Cautelar Nº 6 de esta Capital” (sic) –siendo lo correcto Juzgado de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Oruro– quien dispuso su detención preventiva; c) En la acción de amparo constitucional, se hizo referencia a la falta de fundamentación en el Auto Interlocutorio 26/2020, emitido por el “Juez Cautelar en Suplencia del Cautelar Nº 3” (sic); sin embargo, no se presentó el referido fallo, a efectos de que sus autoridades puedan determinar si el mismo se encuentra legal o no, si cumple con los requisitos que establece el art. 123 del CPP y si es susceptible de apelación o no y así poder determinar si cumplió con el principio de subsidiariedad para saber si es procedente o improcedente la presente acción tutelar tomando en cuenta los alcances de los arts. 53.1 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) El Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, tiene una debida fundamentación y una base legal establecida en el art. 130 del indicado Código; y, e) El procesado no agotó todos los “medios”, pues al tomar conocimiento de la respuesta al recurso de reposición pudo haber presentado un recurso, un incidente de extinción de la acción en la etapa preparatoria bajo los mismos parámetros que se interponen en el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que es otorgado por el Código de Procedimiento Penal; empero, el accionante obviando dicho recurso, acudió directamente a la vía constitucional alegando supuesta vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Pepa Yolanda Zegarra Piluy, Nora Quenta Benito y Jhonny Max Gutiérrez Alcalá, no presentaron escrito alguno, así como tampoco asistieron a la audiencia pública de esta acción de defensa, pese a sus notificaciones, cursante de fs. 83 vta. a 84 vta.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 40/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 151 a 154 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Ministerio Público fue notificado el 2 de diciembre de 2019 con la Conminatoria emitida por el Juez de la causa, a efectos de que en el plazo de cinco días hábiles, pronuncie su requerimiento conclusivo, presentando el mismo el 3 de enero de 2020; así también, se debe tomar en cuenta lo determinado por la Sala Plena en su Acuerdo 189/2019, por el que se dispuso ingresar en vacación judicial desde el 3 de diciembre de 2019, de manera que a efectos del cómputo de plazos, el Ministerio Público no podía haber presentado su requerimiento conclusivo durante las vacaciones judiciales, sino una vez concluida el misma el cual fenecía el 27 del citado mes y año, que resulta ser un día viernes, y siendo que los días sábado y domingo el Órgano Judicial no trabaja, las labores se habrían reiniciado el 30 del señalado mes y año; de manera que, haciendo un cómputo, se establece que al haberse presentado el requerimiento conclusivo de acusación el 3 de enero de 2020, se lo hizo dentro del plazo determinado por ley, descontando el 1 del mencionado mes y año al ser un día feriado nacional; por esta razón no se computa como día hábil; extremos que en el Auto Interlocutorio hoy demandado fue explicado de forma amplia, habiéndose establecido que el citado requerimiento conclusivo fue presentado al cuarto día; 2) Se debe tomar en cuenta el Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pues designaron como juzgados de turno a los Juzgados de Instrucción Penal Cuarto y Séptimo del citado departamento, para que atiendan las emergencias que puedan presentarse en dicho periodo, pues el 7 de diciembre de 2019 ante la aprehensión del imputado, el Juez de Instrucción Séptimo de mencionado departamento en suplencia legal de su similar Tercero, llevó acabo la audiencia de medidas cautelares; 3) La observación de falta de fundamentación en el Auto Interlocutorio emitido por el Juez de la causa, cuya nulidad se pretende a través de la presente acción de amparo constitucional, no tiene razón en el sentido de que de la revisión del fallo cuestionado, se advierte que se efectuó una relación normativa aplicable a la circunstancia; en consecuencia, no se puede concluir que el Juez al momento de dictar el Auto Interlocutorio haya vulnerado el debido proceso en su componente a la fundamentación; además, la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional también determinó que una fundamentación o una resolución no implica necesariamente que esta sea extensa en considerandos y otras circunstancias, sino que inclusive puede ser concisa y breve, pero dando las razones y exponiendo la normativa aplicable al caso; y, 4) Se debe dejar claramente establecido que no es exigible al Juez de la causa que tenga que fundamentar la aplicación de los plazos procesales, por cuanto los mismos no los determinó la autoridad demandada, sino la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, correspondiendo al Juez aplicarla; por lo que, el caso no es tutelable.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Dentro del proceso penal seguido en contra de Luis Alegría García –hoy accionante– y otros, por el Ministerio Público a instancia de Juan José Huanca y Julia Mamani Flores en representación de las víctimas –ahora terceros interesados–, por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, considerando que la etapa preparatoria ya habría vencido, Julia Mamani Flores mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, en mérito al art. 323 del CPP, solicitó a la referida autoridad judicial conminar al Fiscal Departamental de Oruro a efectos de que éste emita requerimiento conclusivo conforme al mencionado artículo y a los elementos acumulados durante la etapa preliminar (fs. 2).

II.2.  En virtud a la señalada solicitud, por proveído de 4 de noviembre de 2019, Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro –ahora demandado– en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos del referido departamento, habiendo evidenciado el vencimiento de la etapa preparatoria, Conminó al citado Fiscal Departamental para que en el plazo de cinco días a partir de su notificación acuse o presente alguna solicitud conclusiva (fs. 3); siendo notificado el mismo al Fiscal Departamental de Oruro, el 2 de diciembre del indicado año (fs. 7).

II.3.  Cursa Mandamiento de Aprehensión librado el 12 de septiembre de 2018, por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Penal Primero de Sabaya del departamento de Oruro en contra de Luis Alegría García, el cual fue ejecutado el 6 de diciembre de 2019, conforme se tiene del Acta de aprehensión (fs. 8 y vta.).

II.4.  Mediante Auto Interlocutorio 590/2019 de 7 de diciembre, la precitada autoridad judicial, dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro por el término de seis meses (fs. 17 a 25 vta.).

II.5.  Por requerimiento conclusivo de acusación presentado el 3 de enero de 2020 ante el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, los Fiscales de Materia asignados al caso, acusaron formalmente a Luis Alegría García y otros por la comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras (fs. 47 a 54).

II.6.  Ante la presentación del referido requerimiento conclusivo de acusación, Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del referido departamento, por proveído de 8 de ese mes y año, remitió el proceso penal al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de dicho departamento (fs. 55).

II.7.  Contra dicha providencia, Luis Alegría García presentó el recurso de reposición el 15 de enero de 2020, por el cual solicitó se revoque el decreto de 8 del citado mes y año, disponiendo que la acusación fiscal se encuentra fuera del plazo establecido en la Conminatoria; ello considerando que el requerimiento conclusivo de acusación fue presentada después de veinte días y se ordenó su remisión sin observar que ello ya no era posible al superar el plazo de los cinco días; por lo que, al aceptar el referido requerimiento conclusivo fuera del plazo previsto, se incurrió en un error (fs. 36 y vta.).

II.8.  Mediante Auto Interlocutorio 26/2020 de 16 de enero, Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos del referido departamento, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición, disponiendo mantener firme e incólume el proveído de 8 del señalado mes y año (fs. 37 y vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; en virtud a que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento (Juez de la causa): i) Mediante providencia de 8 de enero de 2020, aceptó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y dispuso la remisión de obrados al Juzgado de Sentencia Penal de Turno, pese haber sido presentado el mismo el 3 de enero de 2020; es decir, vencido el plazo de cinco días establecido en la Conminatoria de 4 de noviembre de 2019, pues lo hizo aproximadamente veinte días después de notificada la Conminatoria; y, ii) Sin una debida fundamentación, mediante Auto Interlocutorio 26/2020, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición interpuesto en contra del mencionado proveído, con el único fundamento de que la acusación fiscal hubiese sido presentada dentro del plazo de los cinco días; es decir, al cuarto día, debido a que por Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, así como la Ley del Órgano Judicial, los plazos procesales habrían quedado suspendidos por vacación judicial.

En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  De la fundamentación de las resoluciones judiciales como elementos de debido proceso

Al respecto la SCP 1333/2016-S2 de 16 de diciembre, citando a la          SCP 0874/2014 de 8 de mayo, determinó lo siguiente: ‘“El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE’ (…).

De igual forma la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, precisó: ‘En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación no significa la mera «…exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas» (SC 1365/2005-R de 31 de octubre), reiterado en las SSCC 2023/2010-R y 1054/2011-R y, en similar sentido la SCP 0401/2012 de 22 de junio.

Con relación a la materia objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0752/2002-R de 25 de junio, señaló que: «…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión».

(…)

Asimismo, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales por las instancias de impugnación también refirió: ‘La obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales, abarca también a las instancias judiciales de impugnación, en ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, señaló que: «Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…». El presente entendimiento fue asumido y reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0398/2014 de 25 de febrero”’ (las negrillas son nuestras).

De lo señalado se concluye que la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.

III.2.  Cómputo de plazos en materia penal

Al respecto la SCP 0949/2012 de 22 de agosto, señaló que: “En materia penal se encuentra establecido el cómputo de plazos en el art. 130 del CPP, por lo que la SC 2193/2010-R de 19 de noviembre, determino lo siguiente: Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.

‘Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado.

Al efecto, se computará sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos.

Los plazos comunes expresamente determinados en este Código comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practique a los interesados.

Los plazos sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales; y podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso».

En cuanto a la interpretación del cálculo de los plazos este Tribunal Constitucional en la SC 1086/2003-R de 4 de agosto, señaló en cuanto al último párrafo de la norma procesal penal, aludida que: «…dentro de un proceso, no sólo deben descontarse los días inhábiles para efectos de cómputo de plazos; si no que además deben restarse días que no precisamente son inhábiles pero que no se cuentan por estar comprendidos en los días de vacación judicial; pero más aún la norma referida faculta a suspender plazos 'por circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que hagan imposible el desarrollo del proceso', lo que implica que también los días en que se den dichas circunstancias deben descontarse»’” (negrillas son agregadas).

III.3.  Sobre la suspensión de plazos procesales durante el periodo de vacación judicial prevista en la ley del Órgano Judicial

La LOJ, en su art. 126, referido a las vacaciones judiciales, dispone: “I. Las magistradas y los magistrados, las y los vocales, juezas y jueces así como las y los servidores de apoyo judicial de sus despachos, gozarán de una vacación anual de veinticinco (25) días calendario y continuos, que serán reguladas y programadas por el Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales de Justicia, en coordinación con el Consejo de la Magistratura. II. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias. III. El Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de la inauguración del año judicial dará a conocer la fecha de iniciación de vacación para ese tribunal. Los Tribunales Departamentales, lo harán en sus respectivas circunscripciones; IV. Durante el periodo de vacaciones de los Tribunales Departamentales de Justicia, todo plazo en la tramitación de los juicios, quedará suspendido y continuará automáticamente a la iniciación de sus labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos. V. En tanto dure la vacación permanecerán en funciones uno o más juzgados públicos en las materias que fueren necesarias, para la atención de las causas” (las negrillas son nuestras).

Lo manifestado líneas arriba por la citada norma en relación a la suspensión de los plazos procesales, por regla general los mismos transcurrirán ininterrumpidamente pudiendo declararse en suspenso por vacaciones colectivas reguladas a través de las circulares emitidas por las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, como lo prevé el art. 126 de la LOJ.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0847/2015-S2 de 25 de agosto, estableció que las circulares por las que se declara vacación judicial colectiva, tienen por finalidad evitar posibles violaciones de los derechos que podrían presentarse durante ese periodo en que todos los juzgados suspenden sus funciones, excepto los de turno, de manera que los litigantes no se vean perjudicados o privados de acudir normalmente a los que durante el periodo de la vacación anual se encuentran de turno, que actualmente es individual e indistinto entre funcionarios de un mismo juzgado o entre despachos, quedando siempre la suplencia legal.

III.4.  Respecto a las Circulares o Acuerdos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia

De acuerdo a lo previsto por el art. 126 de la LOJ, señalando la citada norma respecto a la suspensión de los plazos procesales, que por regla general los mismos transcurrirán ininterrumpidamente; sin embargo, podrán declararse en suspenso por vacaciones judiciales colectivas.

Ello claro está, a través de circulares o cuerdos, con la finalidad de evitar posibles violaciones de derechos fundamentales o garantías constitucionales  de las que podrían ser objeto los litigantes durante las vacaciones judiciales o recesos de fin de año.

En el presente caso, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Acuerdo 189/2019 de 4 noviembre, estableciendo lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que, el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Acuerdo de Sala Plena Nº 158/2018 de fecha de 12 de noviembre de la gestión pasada, programó el periodo de VACACIÓN ANUAL COLECTIVA de la gestión 2019, a partir del día MARTES 03 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, inclusive, por el periodo de 25 días calendario.

Que el Art. 126.I de la Ley Nº 025 modificada por el Artículo Único de la Ley Nº 810 atribuye a los Tribunales Departamentales de Justicia la competencia para regular y programar la vacación judicial, asimismo el parágrafo V del artículo citado precedentemente indica: ‘V. En tanto dure la vacación, permanecerán en funciones un o más juzgados públicos en las materias que fueren necesarias, para la atención de las causas propias, nuevas y las remitidas por otros juzgados’.

(…)

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en ejercicio de sus atribuciones, ACUERDA:

PRIMERO: Ratificar el periodo de VACACIÓN ANUAL COLECTIVA de la gestión 2019, por el periodo de veinticinco (25) días calendario, a partir del día martes 03 al viernes 27 de diciembre de 2019, inclusive, lo que significa retornar a las labores judiciales el día lunes 30 de diciembre de 2019 años.

(…)

CUARTO: De conformidad al Art. 126.IV, de la Ley Nº 025 modificada por el Artículo único de la Ley Nº 810, todo plazo o término procesal en la tramitación de los juicios en aquellos juzgados que entren en vacación anual colectiva, queda suspendido y continuará, automáticamente, a la inciciación de las labores judiciales, es decir reiniciaran a partir del 30 de diciembre 2019; del mismo modo la competencia de todo el personal Jurisdiccional (Vocal, Jueces y personal de apoyo judicial), que no se halla en la nómina descrita en el punto Segundo del presente Acuerdo, se halla suspendida por el periodo que dure la Vacación Anual Colectiva de la gestión 2019, de acuerdo a lo establecido por el Art. 14 y 15.2 de la Ley Nº 439.

(…)

SEXTO: Remitir el presente Acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia a los fines correspondientes, Representación Distrital del Consejo de la Magistratura, Recursos Humanos, Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Informática del Consejo de la Magistratura, Unidades dependientes, Juzgados de Capital y Provincias del Distrito Judicial de Oruro, Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunales Departamentales de Justicia de Bolivia, a los fines consiguientes y a la Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo al objeto de dar la publicidad al mundo litigante”.

III.5.  Análisis del caso concreto

A través de la presente acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; en virtud a que, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento (Juez de la causa): a) Mediante providencia de 8 de enero de 2020, aceptó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y dispuso la remisión de obrados al Juzgado de Sentencia Penal de Turno, pese haber sido presentado el mismo el 3 de enero de 2020; es decir, vencido el plazo de cinco días establecido en la Conminatoria de 4 de noviembre de 2019, pues lo hizo aproximadamente veinte días después de notificada la Conminatoria; y, b) Sin una debida fundamentación, mediante Auto Interlocutorio 26/2020, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición interpuesto en contra del mencionado proveído, con el único fundamento de que la acusación fiscal hubiese sido presentada dentro del plazo de los cinco días; es decir, al cuarto día, debido a que por “Acuerdo 189/2019” de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, así como la Ley del Órgano Judicial, los plazos procesales habrían quedado suspendidos por vacación judicial.

Ahora bien, previo a ingresar al análisis de la problemática planteada en esta acción de defensa; corresponde verificar los antecedentes adjuntos al expediente.

En ese orden, se advierte conforme a Conclusiones II.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que dentro del proceso penal seguido en contra de Luis Alegría García –hoy accionante– y otros, por el Ministerio Público a instancia de Juan José Huanca y Julia Mamani Flores en representación de las víctimas –ahora terceros interesados–, por la presunta comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras, considerando que la etapa preparatoria ya habría vencido, Julia Mamani Flores mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2019, ante el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, en mérito al art. 323 del CPP, solicitó a la referida autoridad judicial conminar al Fiscal Departamental de Oruro a efectos de que éste emita requerimiento conclusivo conforme al mencionado artículo y a los elementos acumulados durante la etapa preliminar.

En virtud a la señalada solicitud, por proveído de 4 de noviembre de 2019, Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas –ahora demandado– en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos del referido departamento, habiendo evidenciado el vencimiento de la etapa preparatoria, Conminó al citado Fiscal Departamental para que en el plazo de cinco días a partir de su notificación acuse o presente alguna solicitud conclusiva; siendo notificado el mismo al Fiscal Departamental de Oruro, el 2 de diciembre del indicado año.

Asimismo, el Mandamiento de Aprehensión librado el 12 de septiembre de 2018, por el Juez Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y Penal Primero de Sabaya del departamento de Oruro en contra de Luis Alegría García, fue ejecutado el 6 de diciembre de 2019, conforme se tiene del Acta de aprehensión (Conclusión II.3); por lo que, ante la solicitud de aplicación de medida cautelar efectuado por el representante del Ministerio Público, a través del Auto Interlocutorio 590/2019 de 7 de diciembre, la precitada autoridad judicial, dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, por el término de seis meses (Conclusión II.4).

En cumplimiento a la Conminatoria emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos del referido departamento, los Fiscales de Materia asignados al caso presentaron el requerimiento conclusivo de acusación el 3 de enero de 2020 ante el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, acusando formalmente a Luis Alegría García y otros por la comisión de los delitos de estafa, estelionato y tráfico de tierras; requerimiento que mereció el proveído de 8 de ese mes y año, por el cual, la mencionada autoridad judicial, remitió el proceso penal al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de dicho departamento (Conclusiones II.5 y 6).

Contra dicha providencia, Luis Alegría García, interpuso el recurso de reposición el 15 de enero de 2020, solicitando la revocatoria del decreto de 8 del citado mes y año, y se disponga que la acusación fiscal se encuentra fuera del plazo establecido en la Conminatoria, aduciendo que el representante del Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de acusación después de veinte días; recurso que fue resuelto por Auto Interlocutorio 26/2020 de 16 de enero, por Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos del referido departamento, resolviendo rechazar in limine el recurso de reposición y disponiendo mantener firme e incólume el indicado proveído (Conclusiones II. 7 y 8).

Ahora bien, descrito los antecedentes cursantes en el expediente e identificado los problemas jurídicos establecidos a través de esta acción de amparo constitucional, corresponde determinar lo siguiente:

De acuerdo a lo expuesto en el memorial de demanda constitucional, se concluye que los actos lesivos que expresamente denuncia el accionante, recaen en las decisiones asumidas por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en sus respectivos fallos, como el proveído de 8 de enero de 2020 y el Auto Interlocutorio 26/2020, los cuales fueron pronunciados en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del referido departamento; por lo que, pide a través de esta acción de defensa, se disponga dejar sin efecto legal los mismos y se ordene a Nicanor Freddy Yucra Ticona, actual Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, pronunciar “…de forma adecuada a la presentación de la acusación fiscal es decir por haber sido presentada fuera de los 5 días se rechace el mismo y se declare por incumplida el plazo procesal…” (sic). Por lo que, concierne efectuar la siguiente aclaración.

Con relación a la primera problemática, referido a que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento (Juez de la causa), mediante providencia de 8 de enero de 2020, aceptó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y dispuso la remisión de obrados al Juzgado de Sentencia Penal de Turno, pese haber sido presentado el mismo el 3 de enero de 2020; es decir, vencido el plazo de cinco días establecido en la Conminatoria de 4 de noviembre de 2019. Al respecto, en virtud al principio de subsidiariedad que rige esta acción tutelar, este Tribunal se circunscribirá únicamente al análisis del último fallo; es decir, el Auto Interlocutorio 26/2020, en razón a que el mismo tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular la determinación dispuesta en el proveído de 8 de enero de 2020.

En ese entendido, corresponde pronunciarse respecto a la segunda problemática, referida a que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, sin una debida fundamentación, mediante Auto Interlocutorio 26/2020, resolvió rechazar in limine el recurso de reposición interpuesto en contra del mencionado proveído, con el único fundamento de que la acusación fiscal hubiese sido presentada dentro del plazo de los cinco días; es decir, al cuarto día, debido a que por Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, así como la Ley del Órgano Judicial, los plazos procesales habrían quedado suspendidos por vacación judicial.

Empero, previo a ingresar al análisis del mencionado Auto Interlocutorio, concierne referirnos a lo alegado por los terceros interesados Julia Mamani Flores y Juan José Huanca Ignacio, representantes legales de las víctimas dentro del proceso penal seguido en contra de Luis Alegría García –hoy accionante–, con relación a que el mencionado procesado ante el conocimiento del Auto Interlocutorio 26/2020 que resolvió su recurso de reposición, hubiese tenido la posibilidad de presentar un recurso, incidente de extinción de la acción en la etapa preparatoria bajo los mismos parámetros que se interponen en el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, pero obviando dichos recursos, habría acudió directamente a la vía constitucional alegando la vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; al respecto, cabe aclarar que, conforme a la previsión contenida en el art. 402 del CPP en su párrafo segundo, establece que la resolución que resuelve el recurso de reposición no reconoce recurso ulterior, por lo que la subsidiariedad cuestionada por los terceros interesados, no es evidente, siendo necesario ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; en tal sentido, y a efectos de establecer si el referido Auto Interlocutorio se encuentra debidamente fundamentado, corresponde su contrastación con los agravios contenidos en el recurso de reposición planteado por el ahora accionante.

En tal sentido, se tiene que conforme la Conclusión II.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el hoy impetrante de tutela interpuso recurso de reposición contra el decreto de 8 de enero de 2020, por el cual solicitó su revocatoria al haberse aceptado el requerimiento conclusivo de acusación y dispuesto la remisión del proceso penal al Juez de Sentencia Penal de Turno del departamento de Oruro; asimismo, expresó el agravio de que el Órgano jurisdiccional al culminar los seis meses de la etapa preparatoria, emitió la Conminatoria al Ministerio Público para que en el plazo de cinco días el mismo presente un requerimiento conclusivo bajo sanción de extinción de la acción penal; pero el Ministerio Público no habría cumplido con dicho plazo, pues se hubiese presentado el requerimiento conclusivo de acusación, después de veinte días y la autoridad judicial por proveído dispuso la remisión del proceso a Juez de Sentencia , sin observar que ello ya no era posible al superar el plazo de los cinco días para su pronunciación; por lo que, al aceptar la autoridad judicial la acusación fiscal fuera del plazo establecido, se hubiera incurrió en un error.

En virtud al recurso de reposición interpuesto por el impetrante de tutela, conforme se tiene en la Conclusión II.8 de este fallo constitucional, la señalada autoridad judicial demandada emitió el Auto Interlocutorio 26/2020, por el cual el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento (Juez de la causa), resolvió rechazar in limine el recurso de reposición y disponer mantener firme e incólume el proveído de 8 del señalado mes y año; ello con el fundamento de que de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, efectuando el cómputo del plazo conferido por la precitada Conminatoria y la fecha de presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal; se tiene que, el Ministerio Público fue notificado con la providencia de Conminatoria de 4 de noviembre de 2019, el 2 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual comienza el cómputo del plazo de Conminatoria previsto por el párrafo III del art. 134 del CPP, correspondiendo además tomar en cuenta lo establecido por el Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, referido a ingreso en vacación anual colectiva a partir del día martes 3 al viernes 27 de diciembre de 2019, determinando en el artículo cuarto del citado Acuerdo que: “…de conformidad al Art. 126.IV de la Ley Nº 025 modificada por el Artículo Único dela Ley Nº 810, todo termino y plazo procesal en la tramitación de los juicios en aquellos juzgados que entren en vacación anual colectiva queda suspendido y continuara automáticamente, a las iniciación de las labores judiciales es decir reiniciará a partir del 30 de diciembre de 2019…” (sic); fallo que en definitiva guarda armonía con lo previsto por el art. 130 del CPP. En ese entendido, habiendo sido notificado el Ministerio Público el 2 de diciembre de 2019 con la providencia de Conminatoria de 4 de noviembre del señalado año, y tomando en cuenta los determinado en el mencionado Acuerdo, se establece que el requerimiento conclusivo de acusación remitida al Juez de la causa el 3 de enero de 2020, fue presentado en el término de cuatro días hábiles; vale decir, en el plazo dispuesto en la Conminatoria.

En ese entendido, del análisis del contenido de la acción de amparo constitucional presentada por el impetrante de tutela, se advierte que denunció específicamente la vulneración de su derecho a obtener una resolución debidamente fundamentada; por lo que, corresponde efectuar el siguiente análisis.

Sobre la presunta falta de fundamentación del Auto Interlocutorio 26/2020

Ahora bien, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, denunciada, sin que ello implique ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, que se entiende, deben estar relacionados con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que el accionante denuncia en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico o administrativo, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad sea judicial o administrativa a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados y que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.

En mérito a ello, corresponde el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el accionante en su demanda de acción de amparo constitucional; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de cada uno de los puntos impugnados en el recurso de reposición con los fundamentos que utilizó la autoridad demandada dentro del Auto Interlocutorio 26/2020:

Ahora bien, en cuanto al agravio denunciado en el recurso de reposición presentado, con relación a que: Habiendo el Ministerio Público presentado el requerimiento conclusivo de acusación después de veinte días, la autoridad judicial de la causa mediante proveído (de 8 de enero de 2020), dispuso su remisión (al Juez de Sentencia Penal de Turno), sin observar que ello ya no sería posible al haber sido presentado dicho requerimiento conclusivo presuntamente vencido el plazo de los cinco días establecido en la Conminatoria para su pronunciación; por lo que, al aceptar la autoridad judicial la acusación fiscal presentada fuera del plazo, habría incurrido en un error. Al respecto, es posible concluir que no se observa deficiencia de fundamentación, en el referido Auto Interlocutorio 26/2020 con relación al mencionado supuesto agravio, teniéndose al contrario, una clara explicación del porqué del rechazo in limine del recurso de reposición, pues inicialmente realizó una descripción de los hechos, para luego efectuar el cómputo del plazo conferido por la precitada Conminatoria y la fecha de presentación del requerimiento conclusivo de acusación fiscal, explicando que el Ministerio Público fue notificado con la providencia de Conminatoria de 4 de noviembre de 2019, el 2 de diciembre del mismo año, fecha a partir de la cual comienza el cómputo del plazo de la Conminatoria, conforme lo prevé el párrafo III del art. 134 del CPP, además indicó que debía tomarse en cuenta lo determinado por el Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, referido al ingreso en vacación judicial anual colectiva a partir del día martes 3 al viernes 27 de diciembre de 2019, el cual guarda armonía con lo previsto por el art. 130 del CPP; finalmente, concluyó que habiendo sido notificado el Ministerio Público el 2 de diciembre de 2019 con la providencia de Conminatoria de 4 de noviembre del señalado año, y tomando en cuenta lo determinado en el mencionado Acuerdo, estableció que el requerimiento conclusivo de acusación remitida al Juez de la causa el 3 de enero de 2020, fue presentada en el término de cuatro días hábiles; vale decir, dentro del plazo dispuesto en la señalada Conminatoria.

De lo referido precedentemente, se advierte que Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero del mismo departamento hoy demandado, expresó las razones de hecho y derecho por el cual determinó rechazar in limine el recurso de reposición interpuesto por el ahora accionante, otorgando como se refirió, una explicación razonable, coherente, con la debida fundamentación y motivación, por cuanto expuso las razones por las que se consideró que en el caso concreto, el requerimiento conclusivo de acusación fue presentada ante la autoridad jurisdiccional por parte del Ministerio Público dentro del plazo de los cinco días para su presentación, conforme lo previsto en el art. 134 del CPP; por cuanto, habiendo sido notificado el Fiscal Departamental de Oruro el 2 de diciembre de 2019 con la Conminatoria emitida por la autoridad jurisdiccional para la presentación del requerimiento conclusivo en el plazo de cinco días, dentro del proceso penal seguido en contra de ahora accionante, el mismo fue presentado el 3 de enero de 2020; ello debido a que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Acuerdo de Sala Plena 189/2019 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dispuso la vacación anual colectiva de la gestión 2019, a partir del día martes 3 al viernes 27 de diciembre de 2019, estableciendo en el por tanto cuarto de conformidad al art. 126.IV de la LOJ modificada por el Artículo Único de la Ley 810 que: “…todo plazo o término procesal en la tramitación de los juicios en aquellos juzgados que entren en vacación anual colectiva, queda suspendido y continuará, automáticamente, a la iniciación de las labores judiciales, es decir reiniciaran a partir del 30 de diciembre de 2019…” (sic); el mismo que se hizo conocer al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a los Tribunales Departamentales de Justicia, a los Jueces de la capital y provincias, encargado distrital del Consejo de la Magistratura, personal administrativo, al Ministerio Público, Defensa Pública y al público en general (Fundamento Jurídico III.4).

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo al art. 126 de la LOJ, con relación a la suspensión de los plazos procesales, se tiene que por regla general los mismos transcurrirán ininterrumpidamente; sin embargo, podrán declararse en suspenso por vacaciones judiciales colectivas mediante circulares, acuerdos o instructivos. Sobre este tipo de circulares en particular, la jurisprudencia constitucional estableció que las mismas tienen por finalidad evitar posibles violaciones de derechos que podrían presentarse durante las vacaciones judiciales (Fundamento Jurídico III.2 y 3); por lo que, en el caso en particular, el plazo para el cumplimiento de los 5 días de la Conminatoria se suspendió desde el 3 al 27 de diciembre de 2019, reanudándose el mismo el 30 de diciembre de 2019; no pudiendo en consecuencia, ser computado los días de vacación judicial como pretende el accionante; por lo que, al haber sido presentado el requerimiento conclusivo de acusación el 3 de enero de 2020, por parte del representante del Ministerio Público, efectivamente se encuentra dentro el plazo legal de los cinco días previsto en el art. 134 del CPP; pues el mismo fue presentado al cuarto día al ser el 1 de enero de 2020 feriado nacional.

Consiguientemente, lo alegado por del impetrante de tutela, referido a que no se habría cumplido oportunamente con la Conminatoria, por lo que el Auto Interlocutorio no se encontraría debidamente fundamentado, resulta no ser evidente conforme lo expuesto precedentemente; así también, las Sentencias Constitucionales invocadas por el accionante en la demanda de la presente acción de amparo constitucional, tales como las SC 0764/2002-R de 2 de julio y la 0866/2002-R de 22 de julio, no tienen supuestos fácticos ni jurídicos similares para aplicarlas de forma obligatoria.

Finalmente, respecto a lo aseverado en audiencia pública por la defensa del accionante, referido a que toda suspensión de plazos debía realizarse a través de un Auto Interlocutorio debidamente fundamentado en cada caso; cabe aclarar que el mismo, resulta ser imposible en su cumplimiento y consideración, debido a la cantidad de los procesos existentes en cada juzgado, pues no se puede pedir mucho menos exigir a las autoridades jurisdiccionales, emitir en cada caso puesto a su conocimiento una resolución de suspensión de plazo por vacación judicial anual, siendo que para dicho efecto, el legislador a través de los arts. 130 del CPP; y, 126.IV de la LOJ, determinó la suspensión de los plazos procesales durante el periodo de vacación judicial colectiva de los Tribunales Departamentales de Justicia; precepto normativo sobre los cuales se pronunció el Acuerdo de Sala Plena 189/2019, teniendo el mismo la referida base legal para su emisión; sin embargo de ello, corresponde precisar que la autoridad demandada no determinó la emisión del referido Acuerdo, sino la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en aplicación a la indicada normativa.

En ese entendido, encontrándose la determinación del Auto Interlocutorio 26/2020, enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, además de haber explicado en términos claros y precisos sustentados en derecho, el motivo por el cual se consideró que el requerimiento conclusivo de acusación fue presentado dentro de plazo establecido por el art. 134 del CPP; por lo que al no evidenciarse contravención a los derechos alegados por el impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada.

Por consiguiente, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 40/2020 de 11 de agosto, cursante de fs. 151 a 154 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO