SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0820/2021-S4

Sucre, 12 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

Acción de amparo constitucional

Expediente:                  35701-2020-72-AAC

Departamento:            La Paz

En revisión la Resolución 113/2021 de 28 de mayo, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosa Luz Pastor Murillo de Leguia contra Álvaro Ronald Herbas Huayllas, Director Ejecutivo Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de julio de 2020, cursante a fs. 2 y de fs. 47 a 53; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de julio de 2019, a través del periódico Cambio, se publicó el Cronograma 40 de inspección de reversión de derechos mineros, entre las cuales se encontraba la Autoridad Transitoria Especial (ATE) “Operación Minera BALU” de su titularidad, habiéndose realizado la correspondiente inspección el 22 del referido mes y año, el personal del Viceminesterio de Política Minera, Regulación emitió el Informe Técnico 1458-UCF 058/2019 de 13 de agosto que fue remitido a la AJAM por nota MMM-977 VPMRF/850/2019; instancia que dictó la Resolución de reverción de Derecho Minero AJAM/DJU/RRMM/73/2019 de 27 de agosto, resolviendo revertir a la ATE a propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Estado, argumentando la inexistencia de actividad minera en la cuadrícula ubicada en los ex cantones Palca y Muriilo del departamento de La Paz, de titularidad de la solicitante de tutela; determinación que le fue notificada el 3 de septiembre del mismo año.

En plazo oportuno y en objeción de dicha decisión, formuló recurso de revocatoria, siendo notificado el 22 de octubre de 2019, con la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019 de 15 de octubre, mediante la cual, se rechazó el recurso planteado y confirmandose el fallo. En tales circunstancias, en aplicación de los arts. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) –Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; 123; y, 124 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003; y 5 de la Ley de Revisión de Derecho Minero –Ley 403 de 18 de septiembre de 2013–, concordante con el art. 1 del DS 1801 de 20 de noviembre de 2013, formuló recurso jerárquico contra la última decisión que ameritó la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 004/2020 de 9 de enero; a través de la cual, el Ministerio de Minería y Metalurgia, anuló en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019, disponiendo que el Director Ejecutivo de la AJAM, emita nueva resolución debidamente motivada y fundamentada con la valoración de todos los elementos probatorios presentados de acuerdo a lo determinado en dicho fallo, dentro del trámite de reversión de la ATE Operación Minera BALU; procediéndose el 17 de igual mes y año, mediante Hoja de Ruta 326, a la devolución de antecedentes.

Añade que, no fue notificada con la nueva resolución de recurso de revocatoria dispuesta por la instancia superior; por lo que, el 6 de marzo de 2020, presentó una queja ante la Directora Ejecutiva de la AJAM, con Hoja de Ruta 1226/2020, solicitando el cumplimiento de la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019, habiéndose incluso entrevistado personalmente varias veces en febrero y marzo de 2020, con el ex Director Jurídico de la señalada entidad, conforme puede demostrarse de las cámaras de seguridad y registro de ingresos a la institución; ex autoridad que le manifestó que la extrañada resolución se encontraba para firmas y posteriormente para notificación; siendo que, una vez levantada la cuarentena rígida, por notas de 1, 8, 9 y 10 de junio del mismo año, nuevamente se apersonó a la AJAM a efectos de ser notificado con la decisión; sin embargo, su pedido no tuvo éxito, vulnerándose de esta forma su derecho a recibir una respuesta formal, motivada y pronta, en el marco de lo previsto por los arts. 4 inc. j) y 17.I de la LPA y dejando operar el silencio adminstrativo negativo conforme prevé el art. 17.III de la referida norma, causándole indeterminación.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La solicitante de tutela alegó la lesión de su derecho a la petición, sin citar la norma constitucional algun.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada, “emita de forma tardía la resolución de recurso de revocatoria” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 28 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 81 y vta., presente la parte demandada a través de su representante legal y ausente la accionante, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

A través de su representante legal, se ratifico en el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando los mismos en la audiencia de consideración de la referida acción tutelar.

I.2.2..Informe de la autoridad demandada

Álvaro Ronal Herbas Huayllas, Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, señla que si bien se admite la existencia de un informe presentado por la parte demandada, este no fue adjuntando al cuaderno procesal; siendo que, con el uso de la palabra el representante legal, también manifestó haberse adjuntado al informe la Resolución de Recurso de Revocatoria y fotocopia legalizada de la notificación de 6 de noviembre de 2020, solicitando en consecuencia la declaratoria de “improcedencia” de la acción tutelar.

No obstante, de la revisión del contenido del fallo emitido por la Sala Constitucional, se observa una síntesis del informe presentado por el demandado; resumen que en sus partes sobresalientes refiere que, dentro del proceso de reversión aludido por la impetrante de tutela, debido a las circunstancias por las cuales atravesó el país como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se dictó y notificó la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019 que fue impugnada mediante recurso jerárquico dando origen a la Resolución de Recurso Jerárquico 004/2020 de 9 de enero que anuló el fallo objetado ordenando la emisión de nuevo pronunciamiento por parte de la AJAM; determinación en mérito a la cual se dictó la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM-DJU-RR/3/2020 de 4 de noviembre que puesta en conocimiento de la ahora accionante el 6 de igual mes y año, en su domicilio procesal; correspondiendo en consecuencia solicitar se declarare la improcedencia de la demanda, al tenor de lo previsto por el art. 53.2) del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 113/2021 de 28 de mayo de 2021, cursante de fs. 82 a 84 vta., denegó la tutela solicitada bajo el fundamento de que, entre la fecha de emisión de la resolución extrañada y su notificación a la solicitud de tutela, con respecto al señalamiento de audiencia de la presente acción de defensa, el objeteo de tutela ha desaparecido, existiendo en consecuencia sustracción de materia; dado que, no existe incidencia constitucional en exigir se dicte una resolución que ya fue pronunciada con anterioridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Mediante Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/RRMM/73/2019 de 27 de agosto, el Director Ejecutivo de la AJAM, resolvió entre otras cosas, revertir a propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, el derecho minero otorgado mediante contrato transitorio de arrendamiento del área denominada Operación Minera BALU, cuyo titular era Rosa Luz Pastor Murillo de Leguia, por inexistencia de actividad minera y en función al carácter estratégico y utilidad pública de los recursos naturales (fs. 15 a 21).

II.2.    A través de Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019 de 15 de octubre, el Director Ejecutivo de la AJAM, rechazó el recurso de revocatoria AJAM/DJU/RRDM/73/2019 de 27 de agosto de 2019, intentado por la hoy solicitante de tutela, confirmando en su mérito en todas sus partes, el acto administrativo impugnado (fs. 22 a 32).

II.3.    Por Resolución de Recurso Jerárquico 004/2019 de 9 de enero, el Ministro de Minería y Metalurgia, anuló en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019, a efectos de que se emita nueva resolución debidamente motivada y fundamentada con la valoración de todos los elementos probatorios presentados de acuerdo a lo establecido en dicha determinación, dentro del trámite de reversión de la ATE denominada Operación Minera BALU (fs. 33 a 40).

II.4.    El 6 de marzo de 2020, mediante carta dirigida a la Directora Ejecutiva de la AJAM, la impetrante de tutela, formuló queja por falta de notificación con la resolución de revocatoria; pretensión reiterada pormisiva presentada el 16 de junio del mismo año, anunciando además la interposición de la acción de amparo constituicional y acciones legales (fs. 41 a 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, la autoridad ahora demandada, incumplimiendo lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico 004/2019, no pronunció ni le notificó con la nueva Resolución de Recurso de Revocatoria, ordenada por la por la autoridad jerárquica.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Sobre la sustracción de materia o teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional

El art. 53 del CPCo, establece que la acción de amparo constitucional no procede cuando hubiesen cesado los efectos del acto reclamado; previsión normativa en torno a la cual se ha generado una firme doctrina constitucional sobre lo que se denomina la teoría de hecho superado, que deviene principalmente de la carencia de objeto de la acción tutelar en aquellos casos en los cuales lo decidido por el juez o tribunal de garantías, y aun por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, caería en un vacío y sería ineficaz; toda vez que, el acto que causó la lesión o amenazó con transgredir derechos constitucionales ha cesado, en otros términos, ha desaparecido, configurándose en consecuencia un hecho superado.

En ese sentido razonó la SCP 0106/2015-S1 de 13 de febrero, cuando señaló que: “La acción de amparo constitucional, tiene por final procurar la protección de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados; empero, existen aquellos supuestos en los que las circunstancias que generaron la trasgresión desaparecen, consecuentemente el objeto de esta acción tutelar deja de existir, dando lugar a lo que en el ámbito jurídico-constitucional se conoce como ’hecho superado‘, sobre el cual no justifica emitir pronunciamiento alguno, por cuanto el objeto para decidir desapareció.

En cuanto a la teoría del hecho superado, la SCP 0122/2014-S1 de 4 de diciembre, sostuvo: ʽ…cuando el hecho del que se reclama tutela es subsanado, por la misma autoridad demandada o por otra autoridad, estamos frente a un hecho superado, sobre el mismo la SCP 0095/2014-S1 de 24 de noviembre, estableció que: «Sin embargo, ante la desaparición del medio o acto que lesionó o restringió el derecho o garantía, es aplicable la teoría del hecho superado. Al respecto, La SCP 1767/2014 de 15 de septiembre, precisó que: ʽ…la SC 1640/2010-R de 15 de octubre, que a su vez citó a la SC 1290/2006-R de 18 de diciembre, señaló que: «…corresponde aplicar la línea jurisprudencial contenida en la SC 0039/2006-R de 11 de enero, que establece que cuando desaparece el objeto del recurso, por haberse superado el hecho reclamado, el recurso debe ser denegado», sentando a través de esta decisión la línea jurisprudencial vigente que plasma la llamada ʽteoría del hecho superado…»ʼ. En la jurisprudencia constitucional señalada, se reiteran los requisitos necesarios de procedencia, a saber, la causa petendi y el petitum, el primero vinculado a la vulneración de un derecho fundamental a través de un acto o vía de hecho y el segundo, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulneradoʼ.

Ante la corrección o enmienda de cualquiera de los dos elementos esenciales de la pretensión del amparo constitucional, cesan los efectos del acto reclamado y desaparece el objeto de tutela, siendo aplicable la teoría del hecho superado y por consecuencia lógica resulta aplicable la improcedencia de la acción de defensa antes indicada, conforme prevé el art. 53.2 del CPCoʼ.

Por su parte, la SCP 1668/2012 de 1 de octubre, señaló: ʽ…corresponde aplicar la línea jurisprudencial contenida en la SC 0039/2006-R de 11 de enero, que establece que cuando desaparece el objeto del recurso, por haberse superado el hecho reclamado, el recurso debe ser denegadoʼ, sentando a través de esta decisión la línea jurisprudencial vigente que plasma la llamada ʽteoría del hecho superadoʻ. Entendimiento que además fue ratificado por la SC 1077/2010 de 27 de agosto. Este Tribunal, en la SC 1640/2010-R de 15 de octubre, hizo referencia a los elementos esenciales de la pretensión de la acción de amparo constitucional, estableciendo: ʽDe acuerdo a lo expuesto, los elementos esenciales de la pretensión del amparo, son dos: a) la causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad, en este contexto, debe establecerse que en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure los elementos esenciales de la pretensión del amparo, evidentemente desaparece el objeto de la tutela y por tanto, es plenamente aplicable la teoría del hecho superado, reconocida por la línea jurisprudencial antes señalada y por tanto en estas circunstancias, la tutela debe ser denegadaʼ”.

Los razonamientos expuestos precedentemente muestran claramente que ante la concurrencia de un hecho superado, no corresponde al juez constitucional ingresar al fondo a resolver la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales alegada, ello porque las pretensiones formuladas por la persona que acciona en la vía tutelar en sede constitucional, fueron satisfechas; de manera que, la finalidad de la justicia constitucional que se centra en la restauración, resguardo y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que hubieran sido objeto de lesión, ya no tienen sentido, pues, cuando el acto lesivo ha desaparecido y el derecho fue restituido o la violación ya no persiste, no corresponde a esta jurisdicción emitir una decisión sobre el fondo del asunto, al haber desaparecido el objeto de la demanda o el acto lesivo, y mal puede la justicia constitucional, ordenar o disponer que éste se detenga o se restituya el derecho acusado de lesionado.

Sobre este particular, la SC 0998/2003-R de 15 de julio, señaló que: “...la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu proprio del legitimado pasivo" (las negrillas nos corresponden); entendimiento que determina que para que opere la improcedencia de la acción de amparo constitucional por cesación del acto acusado de ilegal, es necesario que éste haya quedado sin efecto o se hubiera superado la vulneración al derecho cuya tutela se solicita, antes de la notificación con la demanda de acción tutelar.

Por su parte, la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: "El art. 128 de la CPE, establece que: ʽLa Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la constitución y la ley', es decir, que la finalidad de la acción de amparo constitucional es la protección de derechos fundamentales y no el establecimiento de responsabilidades que puede determinarse como consecuencia accesoria de la concesión de tutela pero no puede constituirse en el elemento central de la pretensión procesal.

Asimismo, respecto a la figura de sustracción de la materia o del objeto procesal Ricardo Ayan Gordillo Borges, sostuvo que: 'Existe sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción'.

Entonces es posible colegir que básicamente la sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente; por lo que por simple lógica una vez identificado el acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen, se irrumpe la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo la declaración de la sustracción de la misma.

En este sentido, el art. 53 inc. 2) del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones: '…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado', para lo cual al menos debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional" (las negrillas son nuestras).

Con base en lo señalado previamente, se concluye que, al configurarse la acción de amparo constitucional como el mecanismo idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentren amenazados o hubieran sido vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, la activación de la justicia constitucional se justifica para hacer cesar dicha lesión o amenaza y, consecuentemente, garantizar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales; sin embargo, cuando el acto o resolución que genera la vulneración o amenaza es superada y desaparece, la acción de amparo constitucional se torna improcedente, al no existir acto o lesión sobre la cual esta jurisdicción pueda emitir un pronunciamiento efectivo y eficaz.

III.2.  Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, la autoridad demanda, incumpliendo lo dispuesto por Resolución de Recurso Jerárquico 004/2019 de 9 de enero, no pronunció ni le notificó con la nueva Resolución de Recurso de Revocatoria, ordenada por la autoridad jerárquica.

Ahora bien, de las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, mediante Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/RRMM/73/2019, el Director Ejecutivo de la AJAM, se revirtió a propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, el derecho minero otorgado mediante contrato transitorio de arrendamiento del área denominada Operación Minera BALU, cuyo titular era la hoy accionante; decisión contra la cual formuló recurso de revocatoria que ameritó la emisión de la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019, que rechazó el recurso interpuesto y confirmó en todas sus partes el acto administrativo impugnado; circunstancias que motivaron la activación de la vía jerárquica que culminó con la Resolución de Recurso Jerárquico 004/2019, a través de la cual el Ministro de Minería y Metalurgia, anuló en todas sus partes la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/34/2019, a efectos de que, dentro del trámite de reversión de la ATE denominada Operación Minera BALU, se emita nueva resolución debidamente motivada y fundamentada con la valoración de todos los elementos probatorios presentados de acuerdo a lo establecido en dicha determinación; no obstante, según lo afirmado por la impetrante de tutela, lo dispuesto por la autorida de alzada no fue debidamente cumplido siendo que pese a los reiterados reclamos efectuados por su parte desde el mes de febrero a junio de 2020, el inferior –ahora demandado– no pronunció y menos la notificó con la nueva resolución del recurso de revocatoria, tal como ordenó el Ministerio de Minería y Metalurgia.

Sin embargo, de lo indicado, conforme fue establecido en la audiencia de acción de amparo constitucional llevada a cabo el 28 de mayo de 2021, se tuvo conocimiento de que la AJAM, por medio de su Director Ejecutivo Nacional, en cumplimiento a lo determinado mediante Resolución de Recurso Jerárquico 004/2019, había proferido la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM-DJU-RR/3/2020, notificándose con esta decisión al ahora accionante el 6 de igual mes y año.

Ahora bien, a efectos de establecer la concurrencia o no de un hecho superado que hace inminente la denegatoria de la tutela impetrada, es preciso anotar que la acción tutelar que se revisa, fue formulada el 7 de julio de 2020 y puesta en conocimiento de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Resolución 039/2020 de 8 de igual mes y año, declaró su improcedencia, bajo el argumento de que lo impetrado se circunscribía a una pretensión procesale y no a la lesión del derecho a la petición en sí, siendo además que la solicitante de tutela , frente a la negativa tácita en que incurrió la autoridad ahora demandada, debió activar el recurrso jerárquico en el marco de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo; determinación que fue objeto de impugnación por la accionante y ameritó la emisión del Auto Constitucional AC 0157/2020-RCA de 10 de noviembre; por medio del cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Consitucional Plurinacional, revocó el fallo confutado y dispuso que la Sala Constitucional antes señalada, admita la acción de defensa y someta la misma al trámite previsto por ley, procediéndose posteriormente a la devolución de antecedentes a la Sala Constitucional de origen a través de CITE: CADTCP 0157/2021 de 5 de mayo.

En el marco de lo estipulado mediante AC 0157/2019, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de 13 de mayo de 2021, admitió la acción de defensa que se revisa, notificando a la parte demandada con los actuados procesales antes referidos, el 27 del indicado mes y año.

Conforme quedó anotado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter jurisdiccional que tiene por objeto la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando estos se encuentran amenazados o fueron lesionados por acciones u omisiones de los servidores públicos o personas particulares, de manera que, cuando se concluye como evidente la lesión denunciada en una acción tutelar, la resolución de la jurisdicción constitucional dispondrá que cese dicha vulneración o amenaza y, consecuentemente, se garantice la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales; sin embargo, conforme se ha señalado también en el mismo Fundamento Jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el acto o resolución que genera la vulneración o amenaza es superada y desaparece antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de defensa, la acción de amparo constitucional se torna improcedente, al no existir acto o lesión sobre la cual esta jurisdicción pueda emitir un pronunciamiento efectivo y eficaz.

En el caso analizado, se tiene evidenciado que la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM-DJU-RR/3/2020, extrañada por la accionante, fue emitida en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico 004/2020, y puesta en conocimiento de la ahora impetrante de tutela el 6 de igual mes y año; es decir, fue proferida y notificada a la interesada con anterioridad la notificación a la parte demandada con esta acción de amparo constitucional, evidenciándose entonces que el acto lesivo denunciado a través de la presente acción tutelar, como era la falta de emisión de dicho pronunciamiento, ha desaparecido antes de la admisión de esta acción de amparo constitucional, lo que conlleva como consecuencia, a la denegatoria de la presente acción de defensa, por haber operado la sustracción de materia o teoría del hecho superado, conforme al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada evaluó en forma correcta, los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 113/2021 de 28 de mayo, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

René Yván Espada Navía MAGISTRADO