ACLARACIÓN DE VOTO

Sentencia Constitucional Plurinacional 0425/2019-S2

    Sucre, de 24 de junio de 2019

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator:    MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

Acción de amparo constitucional

Expediente:                 27223-2019-55-AAC

Departamento:            Pando

Partes:                          Elena Bigabriel Mesa en representación sin mandato de AA, BB y CC contra Edgar Benavides Claros, Director de Ordenamiento Territorial y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

I. ANTECEDENTES

El suscrito Magistrado emite Aclaración de Voto en la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), con los siguientes argumentos jurídico-constitucionales:

II. OBJETO DE LA ACLARACIÓN

El Fundamento Jurídico III.2 de la Sentencia Constitucional Plurinacional  objeto de la presente Aclaración de Voto, denominado “Sobre la primacía de la protección y amparo de las niñas, los niños y adolescentes: De los plazos que deben ser observados ante una petición en el campo administrativo relacionado con la vulneración de sus derechos”. Estableció que los estándares normativos  internacionales, obligatorios para el Estado y particulares, cobran mayor importancia en la actividad interpretativa de la justicia constitucional en virtud a las disposiciones establecidas en los arts. 13 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE),  que incorporan los principios pro persona y la interpretación conforme a los Pactos e Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; en virtud a los cuales el intérprete debe inclinarse por la interpretación más favorable- resultante de su tarea de control constitucional y convencional; derivada de las  disposiciones insertas en los instrumentos internacionales, o en su derecho. 

Dicho esto, la SCP 0425/2019-S2, da a entender que las autoridades de la justicia constitucional en su labor interpretativa preferentemente deben aplicar  Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, en defecto de la Constitución Política del Estado, según refieren, en  observancia de los arts. 13. IV Y 256 de la CPE. No obstante a lo señalado, a criterio del suscrito, el entendimiento inserto en el fallo objeto la  presente aclaración, no resulta acorde al alcance del texto constitucional.

Según dispone el art. 13.IV de la CPE: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.

Así mismo, el art. 256 de la Ley Fundamental establece que: “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.

En ese orden, la actividad hermenéutica de la jurisdicción constitucional se encuentra regulada en los arts. 196.II de la CPE, 6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 2 del CPCo, de manera concordante, este cuerpo  normativo establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su función interpretativa debe aplicar con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo a sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto constitucional; una interpretación sistemática, teleológica;  y, por último se admite la interpretación conforme, cuando los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos  prevean normas más favorables contenidas en el art. 256 de la CPE.

A partir de lo señalado, ninguno de los criterios de interpretación aplicados a la interpretación de los  arts. 13 y 256 de la CPE, nos lleva a la conclusión que la justicia constitucional en su actividad hermenéutica deba hacer una aplicación preferente de Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos,  respecto a la Constitución Política del Estado. Por el contrario el art. 256.II de la Norma Suprema, únicamente permite que los derechos reconocidos en la Constitución sean  interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos,  cuando estos  instrumentos prevean normas más favorables.

En este marco, no corresponde que el Fundamento Jurídico III.2 de la                    SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, se aparte de lo dispuesto en el texto constitucional, respecto a los criterios de interpretación permitida.

Por lo expresado, el suscrito Magistrado suscribe el presente Voto Aclaratorio en el marco de lo expresado precedentemente.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO