SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0060/2016

Sucre, 24 de junio de 2016

SALA PLENA

Magistrado Relator:    Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

Conflicto de competencias jurisdiccionales 

Expediente:                 10192-2015-21-CCJ

Departamento:            Chuquisaca

En el conflicto de competencia jurisdiccional suscitado entre Esteban Ramírez Alviri, Secretario de Justicia Comunitaria de la Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originario campesino” Villa Mojocoya, provincia Zudáñez y el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del memorial de conflicto de competencia planteado 

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2015, cursante de fs. 58 a 60 vta., Esteban Ramírez Alviri, Secretario de Justicia Comunitaria de la Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originario campesino” Villa Mojocoya, provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca, promueve conflicto de competencias jurisdiccionales, expresando los siguientes aspectos:

I.1.1. Hechos que motivan el conflicto de competencias planteado

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella presentada por Alejandro Padilla Donoso, en ese entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya, contra Mario Serrudo Ramírez, Cirilo Contreras Sánchez Juan Choque Ballejos, Rosa Ventura Maturano y Lucio Choque Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves e instigación pública a delinquir y concurso real, los imputados solicitaron su intención de someterse a la justicia indígena originaria campesina (IOC), debido a que los hechos que se les imputan, habrían ocurrido dentro de dicha jurisdicción territorial, encontrándose actualmente el proceso radicado ante el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, peticionaron la declinatoria de competencia en razón de jurisdicción; empero, la referida autoridad por Auto de 19 de febrero de 2015, rechazó la misma bajo el fundamento que “…el caso debía haberse tramitado en la etapa preparatoria ante el juez de control jurisdiccional ósea en Redención Pampa” (sic); y, al no haber obrado de ese modo se reconoció la competencia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, no existe norma alguna que haga referencia en qué etapa debe presentarse la misma; además, el “municipio” de Villa Mojocoya optó por la autonomía indígena originaria campesina en el referéndum de 7 de diciembre de 2009; teniendo esa calidad a partir de esa fecha; por lo tanto, apta para administrar justicia.

En mérito a lo señalado solicitó se admita la demanda de conflicto de competencias y disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de 19 de febrero de 2015, pronunciado por el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca; b) Se declare competente a la JIOC de Villa Mojocoya para conocer y resolver el asunto conforme a sus normas y procedimientos propios, usos y costumbres; y, c) Se comunique al mencionado Juez, para que se aparte del conocimiento del señalado proceso penal seguido por el Ministerio Público y se remita el mismo a conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, para su resolución.

I.2.  Antecedentes procesales sustanciados ante la autoridad de la jurisdicción ordinaria

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella presentada por Alejandro Padilla Donoso, en ese entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya, contra Mario Serrudo Ramírez, Cirilo Contreras Sánchez Juan Choque Ballejos, Rosa Ventura Maturano y Lucio Choque Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves e instigación pública a delinquir y concurso real, el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco de departamento de Chuquisaca, resolvió la solicitud de declinatoria de competencia en razón de jurisdicción presentada por Esteban Ramírez Alviri, Secretario de Justicia Comunitaria de la Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originario campesino” Villa Mojocoya, provincia Zudáñez del mismo departamento, mediante Auto de 19 de febrero de 2015, rechazando la misma con los siguientes fundamentos: 1) El proceso penal en la etapa preparatoria fue tramitado ante el Juzgado de Instrucción en lo Penal de Redención Pampa del mismo departamento, hasta concluir dicha etapa con la presentación de la acusación formal, sin que los imputados hubieran solicitado la declinatoria de competencia para que el proceso sea sustanciado en la jurisdicción indígena originario campesina; 2) Los referidos se sometieron voluntariamente a la jurisdicción ordinaria; y, 3) La Ley de Deslinde Jurisdiccional en ninguno de sus artículos establece que se debe declinar el proceso penal ante la JIOC, cuando la acción ha sido promovida en la vía ordinaria como ocurre en el caso de autos, mucho menos si toda la etapa preparatoria se tramitó en la misma sin haber sido observado ese aspecto por los procesados.

I.3. Admisión y notificaciones

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante                    AC 0105/2015-CA de 20 de marzo, cursante de fs. 61 a 65, admitió el conflicto de competencias suscitado entre el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco y la jurisdicción indígena originario campesina de Villa Mojocoya, ambos del departamento de Chuquisaca, dispuso notificación y su correspondiente sorteo.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Alejandro Padilla Donoso, presentó querella el 9 de diciembre 2013, ante el Fiscal de Materia, contra Mario Serrudo Ramírez, Cirilo Contreras Sánchez Juan Choque Ballejos, Rosa Ventura Maturano, Lucio Choque Ramírez y otros, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves e instigación pública a delinquir y concurso real, alegando que se dieron la tarea de impedir que reasuma funciones de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya, provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca, habiendo llegado a extremos insospechados como lograr su ilegal destitución; por lo que, planteó acción de amparo constitucional, que le fue favorable la resolución dictada; asimismo, en horas de la noche tapiaron el ingreso a dependencias del citado Gobierno Autónomo Municipal, impidiendo el normal desarrollo de actividades, paralizando proyectos de varias comunidades, ocasionando grave perjuicio; además, atentaron contra su vida y la de su familia haciendo detonar explosivos en la puerta de su domicilio, con evidente intención de quitarle la vida, motivo por el que presentó otra denuncia por ese delito, vanos fueron los intentos de llegar a un acuerdo; finalmente al promediar el mediodía de 8 de diciembre de 2013, cuando en compañía del Oficial Mayor de la citada entidad municipal se dirigían a la celebración de la “Virgen de Mojocoya” (sic), fueron interceptados por un grupo de personas encabezadas por los nombrados, quienes los sometieron a chicotazos, golpes con objetos contundentes, encerrándolos en el “Coliseo Cerrado” (sic), donde continuaron agrediéndoles físicamente, con diferentes objetos, vejándolos, “…al extremo de ponerme una pollera, para luego hacerme dar una vuelta la plaza de Redención Pampa (…) en base al uso de la violencia” (sic) (fs. 12 a 14).

II.2.  El 14 de abril de 2014, el Fiscal de Materia, presentó imputación formal, ante el Juez de Instrucción en lo Penal de Redención Pampa del departamento de Chuquisaca, contra Cirilo Contreras Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir y concurso real; a Mario Serrudo Ramírez, Rosa Ventura Maturano, Lucio Choque Ramírez y Juan Choque Ballejos, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, instigación Pública a delinquir y concurso real (fs.1 a 6 vta.).

II.3.  Acusación Formal, presentada ante el Juez de Instrucción en lo Penal de Redención Pampa, contra Cirilo Contreras Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir y concurso real; a Mario Serrudo Ramírez, Rosa Ventura Maturano, Lucio Choque Ramírez y Juan Choque Ballejos, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, instigación pública a delinquir y concurso real                      (fs.49 a 57 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella presentada por Alejandro Padilla Donoso, contra Mario Serrudo Ramírez, Cirilo Contreras Sánchez Juan Choque Ballejos, Rosa Ventura Maturano, Lucio Choque Ramírez y otros, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad, coacción, amenazas, lesiones graves y leves e instigación pública a delinquir y concurso real; Esteban Ramírez Alviri, Secretario de Justicia de la Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originaria campesina” Villa Mojocoya, provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca, presentó declinatoria de competencia ante el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco del mismo departamento, quien, mediante Auto de 19 de febrero de 2015, rechazo la misma, alegando que dicha petición debió ser presentada ante el Juez de Instrucción en lo Penal de Redención Pampa del referido departamento, autoridad que conoció la etapa preparatoria de dicho proceso; y, que al no haber obrado de ese modo se reconoció la competencia de la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, en atención al control competencial que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver el proceso penal por despojo y perturbación de posesión.

III.1.          Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad 

         El Tribunal Constitucional Plurinacional, cumple la función de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en virtud a lo dispuesto por el art. 196.I de la CPE; asimismo, tiene entre sus atribuciones conocer y resolver: “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental” (art. 202.11 de la Norma Suprema), de donde nace su competencia, junto a los de control normativo y tutelar.              Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0300/2012 de 18 de junio, estableció: “…al Tribunal Constitucional Plurinacional, como una institución encargada de ejercer el control sobre todas las jurisdicciones y, en general sobre todos los órganos del poder público, a partir del diálogo intercultural que se entable en este órgano, que tiene la representación de los dos sistemas de justicia, el ordinario y el indígena originario campesino”, sin excluir de este sistema de control, a la jurisdicción agroambiental y las especializadas reguladas por ley, conforme previene el art. 179 de la Ley Fundamental.

Precisando el conflicto de competencias entre la jurisdicción agroambiental y la ordinaria, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, citando la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, expresó que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado y garante de la vigencia de los derechos fundamentales, asume su rol definitorio en las controversias competenciales entre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, únicamente en los supuestos en que la controversia se hubiera suscitado posteriormente a la posesión de los magistrados electos por voto popular; es decir, después del 3 de enero de 2012, momento a partir del cual rige el control plural competencial, que emerge de la naturaleza de la composición de éste”.

III.2.          Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria penal y la indígena originario campesina

Conforme establecen los arts. 178 y 179 de la CPE, la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y la función judicial es única. Por su parte el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la jurisdicción “Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”. En relación con el art. 12 de la misma Ley, que refiere que la competencia “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, con la aclaración de que solo es posible ampliar o prorrogar competencia, en razón de territorio y únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes, exceptuándose lo dispuesto en leyes especiales, como manda el art. 13 de la misma Ley.             Al respecto cabe citar la SCP 0026/2013 de 4 de enero, que señaló: “El                   art. 179.I de la CPE, determina que: ‘La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y                            los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina                       se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley’. En este sentido, la jurisdicción indígena originario campesina es anterior a la jurisdicción ordinaria (art. 2 de la CPE).

Respecto a la relación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originaria campesina, el art. 179.II de la CPE, establece que: La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía’, es decir, en una dinámica de cooperación y coordinación (art. 192 de la CPE) y no de paternalismo.

Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias el art. 202.11 de la CPE, entrega al Tribunal Constitucional Plurinacional la atribución de conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’, en este sentido, la autoridad que considere que se usurpa su competencia ‘…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento’ [art. 102 del Código Procesal Constitucional (CPCo)], así, ‘Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional’.

(…)

Ahora bien, respecto a los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena
originaria campesina el art. 191.II de la CPE, determina que: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los (…) ámbitos de vigencia personal, material y territorial…’ correspondiendo efectuar una interpretación desde y conforme a la Constitución y los Tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos (arts. 13. IV y 256 de la CPE) del art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es decir:

III.2.1. Ámbito de vigencia personal

El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental, hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’.

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:

1)   Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.

2)   En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de                    la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: ‘La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio’.

3)   Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.

III.2.2. Ámbito de vigencia territorial

Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: ‘El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley’, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: ‘…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’.

Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: ‘Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino’, es decir:

i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.

ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

III.2.3. Ámbito de vigencia material

Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. De la oportunidad para promover el conflicto de competencias jurisdiccionales

La SCP 0017/2015 de 4 de marzo, en cuanto al momento de interponer el conflicto de competencia señaló que: “…acuerdo al diseño procesal establecido en el Código Procesal Constitucional, la legitimación activa para suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales se encuentra reservada únicamente para la AIOC y sus similares de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, más no así para los sujetos procesales que actúan en calidad de demandantes, demandados, denunciantes, denunciados, querellantes, querellados, acusadores y acusados; sin embargo, el régimen normativo no prohíbe que las autoridades soliciten a sus similares de otra jurisdicción que realizó actos invasivos apartarse del conocimiento de la causa para ejercer jurisdicción, sea a instancia o a petición de una de las partes; es decir, tanto la AIOC y los jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, tienen la potestad de generar el conflicto de competencias, jurisdiccionales a instancia de una de las partes intervinientes en el proceso, lo que no significa extender la legitimación activa a los justiciables.

Por lo tanto, en el marco del entendimiento referido precedentemente,                      es importante generar el siguiente razonamiento: si el proceso                                      -indistintamente de su naturaleza- fuese iniciado en una determinada jurisdicción; empero, que las autoridades de otra análoga aún teniendo conocimiento de la sustanciación del proceso por autoridad a la que consideran incompetente, no generaron                     el conflicto de competencias jurisdiccionales dentro de un plazo razonable tan pronto como tuvieron noticia del mismo, sino                              que, en lugar de activar el mecanismo de la controversia competencial permitieron y consintieron pasivamente que el proceso se desarrolle inclusive superando diferentes fases y                etapas procesales, la jurisdicción constitucional entenderá ésto como tácita aceptación de la competencia de la autoridad que en principio asumió conocimiento de la problemática; en efecto, no se podrá suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales ante                   la evidente conducta pasiva de las autoridades que bien pudieron haber reclamado el ejercicio de la jurisdicción oportunamente; consiguientemente, las AIOC y los jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, al considerar invadida su jurisdicción deberán reclamar el ejercicio de la misma, ya sea de oficio o a petición                       de una de las partes, tan pronto como asumieron conocimiento                   del inicio del proceso; asimismo, los justiciables, en virtud al principio de lealtad procesal, cuando entiendan que el proceso                      en el que se encuentran involucrados es sustanciado por                  autoridad incompetente, deben instar a las autoridades a quienes consideran competentes, a generar el conflicto de competencias jurisdiccionales y no esperar pasivamente la realización de                           las diferentes etapas procesales. No obstante, nada le impide a                  esta jurisdicción constitucional examinar minuciosamente cada caso concreto para definir la controversia competencial, lo que                      no significa de ninguna manera que se esté desconociendo la materialización de la jurisdicción IOC, más aún si la voluntad                      del constituyente reflejada en la Ley Fundamental, busca la construcción de una sociedad fundada en el pluralismo y                                  la pluralidad. (las negrillas corresponden al texto original).

Tomando en cuenta que tal entendimiento resulta limitativo para el acceso a la justicia, el debido proceso previsto en los arts. 115.I y II, así como en lo concerniente al juez natural incurso en el 120 de la CPE, es preciso cambiar de línea tal entendimiento en busca de una apertura que haga efectiva la existencia de la JIOC, dentro del marco normativo de la Constitución Política del Estado y la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), para lograr una justicia pronta y oportuna, que al mismo tiempo descongestione la justicia ordinaria, estableciendo que el conflicto de competencias puede interponerse en cualquier etapa del proceso, criterio que se sustenta en el siguiente entendimiento: Resulta bastante complicado, especialmente tratándose de la JIOC, determinar cuál es el primer momento o el tiempo “oportuno” para promover el conflicto de competencias, porque tratándose de la jurisdicción indígena originaria campesina, existe diversidad y multiplicidad de normas y procedimientos; y, en su generalidad, los asuntos que son propios de la misma se resuelven en una sola “sesión” o “audiencia” o periodos cortos de tiempo, denotándose la ausencia total de “etapas” o “fases procesales” propias de la jurisdicción ordinaria, lo mismo que la vigencia del principio de preclusión, característico únicamente de dicha jurisdicción, más propiamente del derecho procesal civil que no se puede aplicar de manera forzada a la JIOC. En consecuencia genera un resultado muy extremo, determinar que por el sólo hecho de no haberse promovido “oportunamente” o “en un primer momento” el conflicto de competencias, implique automáticamente una “aceptación tácita de la jurisdicción”, cuando ésta por definición es una cuestión de orden público, por lo tanto, no está librada a la voluntad, acciones u omisiones de los justiciables, máxime cuando al respecto se tiene la garantía consagrada en el art. 122 de la CPE, en cuanto a la nulidad de los actos ejercidos sin jurisdicción ni competencia.

Razonablemente, es preciso cambiar el entendimiento de la referida                      SCP 0017/2015, aplicando el principio de coordinación y cooperación interjurisdicional conforme al mandato de los arts. 190 y 192.III de la CPE, así como el 16 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), en situaciones en las que las autoridades ordinarias no se pronuncian respecto a su competencia en casos en los que se evidencia hechos suscitados en la jurisdicción indígena originaria campesina; las partes o las autoridades de dicha jurisdicción podrán interponer o suscitar en cualquier fase del proceso penal el conflicto de competencias, tomando en cuenta que la “tácita aceptación” de la jurisdicción en materia de conflictos de competencia jurisdiccional suscitada entre las autoridades indígena originario campesina y la ordinaria en materia penal, resulta inadmisible, debido a que se pone en riesgo el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso ante el juez natural como garantías constitucionales.

Consiguientemente, al constituir lo expresado un cambio de línea se entiende que en adelante los conflictos de competencias jurisdiccionales podrán suscitarse en cualquier estado del proceso no siendo exigible que el mismo sea promovido en determinado plazo por cuanto el principio del pluralismo jurídico así lo permite.

III.4. Análisis del caso concreto

Del análisis de los antecedentes, se evidencia que el caso emerge como consecuencia de los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2013, por la disputa y solicitud de renuncia del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Mojocoya, provincia Zudañez del departamento de Chuquisaca, que derivó en agresiones físicas y psicológicas, privación de libertad y otras actitudes de hecho, lo que dio lugar a la denuncia e interposición de una querella por parte de Alejandro Padilla Donoso, –en ese entonces cumplía funciones de Alcalde– que fue tramitada durante la etapa preparatoria ante el Juez de Instrucción en lo Penal de Redención Pampa y luego ante el Juez de Partido y Sentencia Penal de Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca; y, este último rechazó la declinatoria de competencia en razón de jurisdicción, al no haberse solicitado la misma durante la etapa preparatoria.

La jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, citando el art. 191.II de la CPE determina que la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

Del análisis de los ámbitos señalados precedentemente se tienen que en el caso de autos, los hechos acontecidos en el “municipio” de Villa Mojocoya, abarcan los tres ámbitos; personal, al tratarse de sujetos que tienen relación de convivencia y vinculo particular de identidad cultural, idioma, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión. Material; las comunidades indígena originario campesinas desde la antigüedad conocen todas las controversias surgidas en la misma; por lo que, la resolución de sus problemas es competencia de sus autoridades elegidas para el resguardo de su convivencia pacífica. El territorial; es aplicable a las relaciones y hechos jurídicos que se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino (PIOC), siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, de los entendimientos expuestos se tiene la concurrencia de los tres ámbitos que abren la competencia de la JIOC.

Tomando en cuenta que de acuerdo a lo previsto por el art. 190 de la CPE, las NPIOC, ejercen funciones jurisdiccionales y de competencia, a través de sus autoridades legítimas, aplicando sus principios, valores, normas procedimientos propios; de acuerdo a sus razonamientos, sin que estos  excedan lo previsto en la Constitución Política del Estado, en cuanto a los derechos y garantías previstas en ella a las cuales se someten tanto la justicia ordinaria como la JIOC. En ese orden las autoridades indígenas originario campesinas de la Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originario campesino” Villa Mojocoya, y en particular el Secretario de Justicia, gozan de jurisdicción para resolver conflictos, problemas o controversias que afecten la convivencia social armónica dentro de su territorio, para evitar confrontaciones como las acontecidas en el caso concreto, sin que la gravedad de las acciones no permitidas en un Estado de derecho sean un óbice para que la JIOC asuma conocimiento; dado que, esas acciones provocan el desequilibrio de la vida comunitaria, que debe ser restablecida en el seno de dicha comunidad y como se dijo dentro del marco normativo previsto por la Ley Fundamental. En ese entendido el mencionado Secretario de Justicia, tiene competencia para conocer y resolver los sucesos ocurridos el 8 de diciembre de 2013, al ser comprendido como problemas que afectan a Alejandro Padilla Donoso, –en ese entonces Alcalde–, su familia y a los querellados; siendo que, los hechos se originaron en la jurisdicción territorial de la “autonomía indígena originaria” Villa Mojocoya.

Estableciendo que el conflicto de competencias puede interponerse en cualquier etapa del proceso, conforme a los entendimientos vertidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que cambian la línea jurisprudencial de la SCP 0017/2015 de 4 de marzo, en consideración a que la JIOC está exenta de plazos procesales y formalismos que limiten su acceso a la misma.

Consiguientemente, al constituir lo expresado un cambio de línea se entiende que en adelante los conflictos de competencia jurisdiccional podrán suscitarse en cualquier estado del proceso no siendo exigible que el mismo sea promovido en determinado plazo por cuanto el principio del pluralismo jurídico así lo permite. En ese sentido el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, al haber rechazado la declinatoria de competencia en razón de jurisdicción presentada por el aludido Secretario de Justicia, no tomó en cuenta las normas constitucionales citadas ni los aspectos señalados precedentemente.

Razonablemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que en el presente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades indígena originario campesino de la “autonomía indígena originaria” Villa Mojocoya, provincia Zudañez y el Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca, se debe reconocer la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad                  que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el                      art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: declarar COMPETENTE a las autoridades indígenas originario campesinas Subcentralía Única de Trabajadores Campesinos de la “autonomía indígena originario campesino” Villa Mojocoya, provincia Zudáñez del departamento de Chuquisaca y en particular el Secretario de Justicia, para conocer y resolver los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2013, dentro del marco normativo de la Constitución Política del Estado.

CORRESPONDE A LA SCP 0060/2016 (viene de la pág. 12)

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No intervienen los Magistrados Dr. Ruddy José Flores Monterrey y Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, por ser ambos de voto disidente.

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

PRESIDENTE


Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADo



Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA